El crecimiento del comercio ilegal se consolidó como uno de los principales problemas para la industria argentina, con un impacto que alcanza el 5% del total del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La dimensión de la problemática fue uno de los ejes centrales del V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, donde distintos referentes del sector expresaron su preocupación por la expansión del contrabando.

De acuerdo con el último informe de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), el comercio ilegal representa el 5% del PIB en países como Argentina y Brasil. La situación adquiere una mayor magnitud al observar otros mercados de la región, como México, donde el impacto asciende al 8%.

Durante el encuentro, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, señaló que la Argentina atravesó períodos en los que "se hizo una política muy laxa en el tema de los controles". En ese sentido, destacó que el Gobierno actual "está tratando de dotarse de herramientas para tratar este flagelo", aunque remarcó la dificultad que implica controlar una frontera extensa.

Celulares, cigarrillos y otros sectores bajo presión

Uno de los sectores que más preocupa por el avance del comercio ilegal es el de los dispositivos electrónicos. Grinman destacó el crecimiento desmedido del contrabando de celulares, una problemática que también fue detallada por María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo.

Según Mayans, el contrabando introduce uno de cada tres celulares que circulan en el mercado, una cifra que representa aproximadamente 3 millones de equipos al año. Además, explicó que la comercialización de estos dispositivos representa entre el 5% y el 15% del comercio ilegal total.

El impacto económico del fenómeno también fue analizado por la consultora MAP, cuyo informe estima que la Argentina perdió cerca de US$2.300 millones en ingresos fiscales como consecuencia del crecimiento del contrabando. Entre los sectores afectados, además de los celulares, se mencionan las cervezas, el tabaco y los textiles.

En particular, el mercado de cigarrillos aparece como uno de los focos centrales de la problemática. En Latinoamérica, según explicó Juan José Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, tres de cada diez cigarrillos consumidos son ilegales. "El cigarrillo es el bien legal más contrabandeado", afirmó.

El desafío del control y la coordinación entre sectores

La magnitud territorial del país representa uno de los principales desafíos para combatir el comercio ilegal. Fernando Martín Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, destacó la importancia del rol de las cámaras empresariales como aliados del Estado, debido a la imposibilidad de alcanzar a todas las empresas del país.

En ese marco, explicó que el Estado argentino enfrenta la dificultad de supervisar una infraestructura que incluye 9.300 kilómetros de frontera y alrededor de 250.000 comercios de cercanía.

Desde la perspectiva aduanera, Diego Figueroa, asesor de la Dirección General de Aduanas, explicó que el organismo trabaja sobre tres ejes principales:

• La desregulación.
• La modernización de normas y sistemas para mejorar la competitividad.
• El control del tráfico de mercaderías.

Según detalló, estas acciones forman parte de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía, con el objetivo de abordar la problemática desde una combinación de herramientas de control y actualización del sistema.

Una nueva mirada sobre el delito complejo

El secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, planteó que el país atraviesa "un cambio de paradigma en la forma en la que el Estado entiende el delito complejo".

Ferlauto advirtió que las economías criminales "son cada vez más sofisticadas" y señaló que el ingreso de mercadería criminal genera consecuencias directas sobre la industria nacional, el empleo formal y la actividad económica.

"El ingreso de mercadería criminal pone en crisis la industria nacional, socava el empleo formal y utiliza las mismas redes que nutren el narcotráfico", sostuvo.

Finalmente, destacó el compromiso del Ministerio de Seguridad para continuar trabajando contra la criminalidad organizada. "Cuando protegemos el comercio legal protegemos a los trabajadores, a los consumidores y a los emprendedores", concluyó.

El encuentro dejó expuesta la preocupación compartida entre empresarios y funcionarios por el avance del comercio ilegal y por la necesidad de fortalecer las herramientas destinadas a preservar la actividad formal, la recaudación fiscal y la competitividad de la industria argentina.