El Congreso de la Nación inicia este lunes el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero. La agenda parlamentaria estará atravesada principalmente por la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, dos iniciativas que requirieron intensas negociaciones políticas y que reabrieron tensiones con las provincias por su impacto fiscal y social, una preocupación compartida por distritos como Catamarca.
La convocatoria fue oficializada mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero, que habilita el tratamiento exclusivo de los proyectos incluidos en el anexo de la norma. De este modo, el Ejecutivo delimitó un marco temporal y temático preciso para el debate legislativo, restringiendo la posibilidad de incorporar iniciativas ajenas al temario fijado.
En este contexto, la Casa Rosada busca avanzar con los proyectos centrales de su paquete de reformas antes de la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. La reforma laboral y la Ley Penal Juvenil concentran el núcleo de la discusión política, mientras permanecen abiertas otras iniciativas sensibles, como la modificación de la Ley de Glaciares y la posible sanción de una ley de emergencia por los incendios en la Patagonia.
La estrategia oficial se apoya en reuniones de mesa política, contactos con gobernadores y negociaciones con bloques aliados, en un escenario donde los votos aún no están asegurados, especialmente en el Senado.
Un temario acotado y bajo control del Ejecutivo
Entre los proyectos habilitados para el período extraordinario figuran la Ley de Modernización Laboral, la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, y el eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que todavía debe ser enviado por el Poder Ejecutivo.
En los últimos días, el Gobierno confirmó además la incorporación de la Ley Penal Juvenil y no descartó sumar nuevas iniciativas. En ese marco, cobró fuerza la posibilidad de debatir una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, reclamada por los gobernadores del sur en medio de los incendios forestales y respaldada públicamente por el PRO, aliado clave del oficialismo en el Parlamento.
Reforma laboral: el capítulo fiscal condiciona los apoyos
La reforma laboral es el eje central de las extraordinarias, pero también el proyecto que genera mayores resistencias. El principal foco de conflicto con los gobernadores se encuentra en el capítulo tributario, particularmente en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta de manera directa los recursos coparticipables que reciben las provincias.
La iniciativa propone reducir la alícuota del 30% al 27% para el tramo 2 y del 35% al 31,5% para el tramo 3. Según estimaciones basadas en las proyecciones del Presupuesto 2026, la merma total de recaudación alcanzaría los $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias por la aplicación de la Ley de Coparticipación Federal. En promedio simple, las jurisdicciones dejarían de percibir alrededor de $144.000 millones mensuales durante 2026, un escenario que genera inquietud en provincias del interior como Catamarca.
Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales para reunir los apoyos necesarios, en la Casa Rosada conviven dos posturas: una que busca sostener el texto original y otra que admite eventuales modificaciones para destrabar consensos. El oficialismo aspira a obtener la media sanción en febrero, aunque reconoce que las negociaciones continúan abiertas.
En la previa del debate, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la iniciativa y aseguró que "fortalece los derechos de los trabajadores", al tiempo que afirmó que apunta a generar empleo formal mediante la reducción de costos que hoy desalientan la contratación.
Varios gobernadores dialoguistas, si bien coinciden con los lineamientos generales de la reforma, condicionaron su respaldo a la implementación de un mecanismo de compensación que atenúe la pérdida de recursos provinciales. Según trascendió, la Casa Rosada evalúa un esquema de compensaciones paralelas para reducir el impacto fiscal, que comenzaría a regir en 2027 en caso de aprobarse la ley.
Baja de la edad de imputabilidad y debate penal
Otro de los proyectos que el Gobierno busca impulsar durante las extraordinarias es la Ley Penal Juvenil, cuyo objetivo es reducir la edad de imputabilidad. La propuesta original del Ejecutivo fija el límite en 13 años, aunque desde Balcarce 50 admiten que podría elevarse a 14 si no se alcanzan los consensos necesarios.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la inclusión del proyecto en el temario a través de su cuenta de X, tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada. En la misma línea, la ministra Patricia Bullrich reclamó el tratamiento de la iniciativa en febrero y sostuvo: "No más excusas ni dilaciones".
El antecedente inmediato es el dictamen obtenido el año pasado en Diputados, cuando un plenario de comisiones acordó una baja a 14 años, con penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores. Desde los bloques dialoguistas advirtieron sobre la falta de infraestructura y recursos, mientras que el PRO alertó que una reducción a 13 años implicaría duplicar la cantidad de menores alojados en el sistema.
El oficialismo prevé que el debate comience en Diputados durante la segunda semana de febrero y no descarta que el proyecto llegue al Senado recién con el inicio de las sesiones ordinarias, en marzo.
Mesa política, aliados y presión opositora
En la antesala del inicio formal de las extraordinarias, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para definir la estrategia legislativa. El encuentro fue encabezado por Adorni y contó con la participación de Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo.
Bullrich, además, mantuvo reuniones con representantes de los bloques dialoguistas del Senado y afirmó luego que el acuerdo por la reforma laboral "está consolidado", aunque reconoció reclamos puntuales de algunos legisladores.
En paralelo, el kirchnerismo intensificó la presión sobre los gobernadores para que rechacen la reforma laboral. El senador Mariano Recalde aseguró que "hay un pelotón de 15 senadores que todavía no definieron su voto" y respaldó la postura de la CGT, mientras que los gremios combativos anunciaron una movilización para el día en que el proyecto se trate en el Senado.
El clima político se tensó aún más tras el cruce entre el Gobierno nacional y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Luego de que el mandatario cuestionara la iniciativa, Adorni y Santilli respondieron con fuertes críticas en redes sociales, profundizando la confrontación entre Nación y la provincia de Buenos Aires en la antesala del debate parlamentario.