Este 4 de marzo, la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, albergó la 104º Asamblea Plenaria del Consejo Federal de Seguridad Vial (CFSV), un encuentro de carácter estratégico que congregó a las máximas autoridades en la materia de toda la Argentina. Con el objetivo de definir las políticas preventivas para el presente ciclo 2026, la jornada se consolidó como un espacio de articulación federal donde se analizó la realidad del tránsito nacional y se trazaron los lineamientos para mejorar los controles y la gestión de permisos, garantizando una mayor coherencia en las políticas públicas.
El inicio de un compromiso federal en Santa Fe
La jornada tuvo su apertura formal a las 08:30 horas, momento en el cual el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió a las delegaciones participantes para dar inicio a los trabajos. La relevancia del encuentro quedó plasmada en la conformación de su mesa principal, la cual fue presidida por el Director Ejecutivo y el Subdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quienes estuvieron acompañados por representantes de 22 jurisdicciones del país, evidenciando un consenso nacional sobre la problemática.
En representación de la provincia de Catamarca, asistió el Director Provincial de Seguridad Vial, Sergio Leiva, quien además desempeña el rol de Vicepresidente 1º del Consejo Federal de Seguridad Vial. Su presencia resultó vital para reafirmar el compromiso de la provincia con la agenda nacional, posicionando a Catamarca en un lugar de relevancia dentro de las discusiones que definen el futuro de la seguridad en las rutas argentinas.
Análisis crítico: El balance 2025 y la visión 2026
Durante el plenario, Sergio Leiva tuvo una participación activa al encabezar el análisis exhaustivo de los datos de fiscalización recabados durante el año 2025. Esta revisión no representó un simple ejercicio estadístico, sino la base fundamental sobre la cual se proyectan las estrategias preventivas que se aplicarán durante el transcurso del año 2026. La agenda de trabajo fue extensa y abordó múltiples aristas del sistema vial, comenzando por la modernización del sistema de licencias. Sobre este punto, se puso especial énfasis en la resolución de los inconvenientes informáticos que afectan la expedición de licencias interjurisdiccionales, además de abrirse un debate profundo para la actualización y modificación de los exámenes teóricos y prácticos, buscando elevar la rigurosidad y eficacia de los mismos.
Asimismo, ante la preocupante siniestralidad, se anunció un ambicioso plan de formación dirigido específicamente a los instructores encargados de evaluar a los motociclistas, un sector identificado como un eslabón determinante en la seguridad vial actual. Complementariamente, el Observatorio Nacional presentó una herramienta tecnológica clave para el futuro inmediato: un nuevo sistema de carga de datos y una aplicación móvil diseñada exclusivamente para el personal que realiza fiscalizaciones en rutas. Este avance permitirá agilizar los operativos en tiempo real y optimizar la toma de decisiones. Finalmente, el plenario dedicó una sesión específica a analizar el estado actual y el funcionamiento de los talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en todo el territorio nacional, asegurando que los vehículos que circulan por el país cumplan con los estándares de seguridad necesarios.
Un objetivo común: La unificación federal
El cierre de la jornada estuvo marcado por una reflexión del Vicepresidente 1º del CFSV, Sergio Leiva. El funcionario catamarqueño hizo hincapié en la importancia fundamental de este organismo para integrar las diversas realidades provinciales en una política de Estado uniforme y efectiva. "Nuestra participación en la Asamblea nos permite llevar la voz de Catamarca al centro de las decisiones nacionales. El objetivo es unificar criterios tecnológicos y de formación para que las rutas de nuestra provincia y del país sean cada vez más seguras", sentenció Leiva. De esta manera, la 104º Asamblea no solo arrojó un diagnóstico preciso de la situación, sino que sentó las bases para una gestión que pretende ser más tecnológica, capacitada y, sobre todo, articulada, entendiendo que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre todas las jurisdicciones que componen la Nación.