El Gobierno nacional transita una semana decisiva para dos de sus principales objetivos legislativos: el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. Aunque la Casa Rosada concentra buena parte de su energía en sumar los votos necesarios para aprobar la hoja de ruta económica del próximo año, el Ejecutivo también prepara otro movimiento clave: la última reunión del Consejo de Mayo, el ámbito multisectorial donde se intentará cerrar acuerdos básicos para darle forma definitiva al proyecto de modernización laboral que el presidente Javier Milei planea enviar al Congreso en febrero.
Se trata del cierre de una etapa marcada por tensiones, principalmente luego de la filtración de borradores que generaron malestar entre sindicatos, empresarios y gobernadores. A pesar de ese ruido interno, en el Gobierno aseguran que el objetivo sigue firme: depurar los puntos más conflictivos, afianzar los consensos ya alcanzados y encaminar un texto que logre sostén político suficiente para atravesar el debate parlamentario.
Un equilibrio complejo en medio de pulseadas políticas
El Consejo de Mayo se convirtió en un escenario clave para ordenar expectativas y tensiones entre los distintos sectores involucrados. La reforma laboral es uno de los temas más sensibles del paquete económico del Gobierno, no solo porque impacta directamente en las relaciones laborales, sino porque puede definir el clima político de los próximos meses.
Los sindicatos llegaron a este tramo final con fuertes reparos sobre los artículos vinculados a la flexibilización de las modalidades de contratación, las modificaciones en los regímenes de indemnización y los límites a la actividad gremial. Los empresarios, por su parte, presionan para que prevalezcan los capítulos que consideran imprescindibles para mejorar la competitividad, reducir la litigiosidad y promover el empleo formal. Las provincias también tienen su propia agenda, ya que la reforma podría modificar responsabilidades en materia de inspección y regulación laboral.
El Gobierno busca ahora equilibrar esas demandas con una premisa clara: evitar que las discrepancias internas bloqueen el envío del proyecto al Congreso, previsto para febrero. Según señalan fuentes oficiales, la intención es que la última reunión permita "ordenar los capítulos más sensibles" y dejar un borrador casi definitivo antes del receso estival.
El rol de Diego Santilli y la tracción política hacia febrero
En paralelo a las negociaciones del Consejo de Mayo, el Ejecutivo avanza con el armado político del Presupuesto 2026. Allí, Diego Santilli desempeña un rol central como interlocutor con las provincias. El funcionario intensificó en las últimas semanas los encuentros con gobernadores para asegurar respaldos clave, tanto para el Presupuesto como para la reforma laboral.
Las conversaciones incluyen compromisos fiscales, distribución de recursos y obras pendientes. Para varias provincias, el apoyo al proyecto laboral podría estar condicionado a garantías presupuestarias que el Gobierno deberá explicitar en los próximos días. Ese equilibrio entre la ingeniería contable y los consensos legislativos es determinante para que las iniciativas avancen de manera simultánea en el Congreso.
Expectativa por el texto final
De cara a febrero, la Casa Rosada aspira a presentar un proyecto de reforma laboral que sea políticamente viable y que pueda debatirse sin el nivel de conflictividad que enfrentaron leyes anteriores. Si la última reunión del Consejo de Mayo logra encauzar los puntos críticos, el Gobierno podría encarar la discusión parlamentaria con una base de apoyo más sólida.
Mientras tanto, el clima político sigue marcado por la incertidumbre: los sindicatos amenazan con medidas de fuerza si se incluyen artículos que consideren regresivos, los empresarios reclaman definiciones firmes y las provincias negocian su margen de acción en un contexto fiscal ajustado. El Gobierno apuesta a que este cierre de etapa permita ordenar el tablero y dar un paso decisivo en su agenda de reformas estructurales.