Mientras la Argentina sigue distraída con la cuarentena, hoy se conoció un fallo de la jueza Loretta Preska de Nueva York en el que se rechazan las pretensiones de nuestro país de trasladar la jurisdicción a la Argentina y se establece que tal cual lo pretendido por los demandantes el juicio por la expropiación de YPF a Repsol y a la familia Eskenazi continúe tramitándose en Nueva York. Es un durísimo golpe que según analistas privados puede tener un costo que va de los 2.000 a los 12.000 millones de dólares.
Cuando Axel Kicillof y la ex presidente Cristina Kirchner decidieron estatizar YPF, en ese momento en manos de Repsol, ignoraron una cláusula del contrato que establecía que quien hiciera una oferta por el 51% y tomara el control de la compañía debía hacer una oferta a los accionistas restantes, uno de los cuales, el grupo Eskenazi era titular del 25% gracias a un regalo del ex presidente Néstor Kirchner. Si bien se escribió mucho sobre cómo se hizo esa transacción vale recordarlo una y mil veces: El grupo Eskenazi se quedó con el 25% de la empresa que en ese momento era la más importante y emblemática del país sin poner una moneda. Gracias a un regalo de Néstor Kirchner compró su participación con los dividendos que la misma empresa generaba. Además, para que pudiera pagar esos dividendos destinados a comprar la empresa, YPF dejó de invertir en su actividad principal lo que rápidamente contribuyó a convertir el superávit energético en déficit con el consiguiente impacto en la balanza comercial. Como dice la ex presidente, todo tiene que ver con todo. Ese déficit de la balanza comercial fue motivo esencial de la imposición del cepo que terminó dinamitando su gobierno.
La estatización irresponsable, además de pagar la empresa 10 veces lo que vale hoy, trajo como consecuencia este nuevo juicio. Eskenazi, demostrando su amor por la patria, decidió venderle los derechos de su potencial juicio a un fondo buitre Burford Capital, que en el año 2015 inició en los tribunales de Nueva York la demanda en reclamo de sus derechos. Como conclusión la compra de la empresa va a terminar costando un verdadero disparate, del que los Eskenazi, seguramente recibirán su parte porque como es habitual, estos derechos se venden a cambio de un anticipo y una participación en el resultado.
Es indignante ver el desprecio por la cosa pública, además de la falta de pericia para conducirla. Pero lo que sucedió en este caso, combinación de inutilidad con soberbia no debería quedar impune.
En días de pandemia, vemos como el mismo funcionario que es gobernador de la principal provincia del país, nos habla de las dificultades para asistir financieramente a los más humildes y a las pequeñas empresas. Sin embargo, de un plumazo y con su firma, logró que se evapore un monto similar a la ayuda estatal en la pandemia y, por supuesto, que siga aumentando la deuda externa. Pero seguramente la culpa la tendrá otro.
