En un escenario de alta tensión política, el Gobierno nacional ha ratificado su decisión inquebrantable de avanzar con la reforma laboral tal como fue aprobada en el Senado, sin aceptar ningún tipo de modificación adicional en la Cámara de Diputados. La Casa Rosada ha fijado una fecha límite estratégica: busca que el proyecto quede sancionado antes del 1° de marzo, fecha en que finalizan formalmente las sesiones extraordinarias.
Esta determinación oficial llega en un momento de fuerte controversia, impulsada principalmente por los cambios propuestos en el esquema de licencias por enfermedad. A pesar de las crecientes críticas de diversos sectores y de las dudas que han comenzado a surgir entre los bloques aliados, el oficialismo ha optado por endurecer su postura, asegurando que la normativa es necesaria para evitar abusos en el sistema vigente.
El eje del conflicto: el nuevo esquema de licencias
El núcleo de la polémica radica en un capítulo específico del proyecto que modifica sustancialmente el régimen de compensación salarial para los trabajadores que sufren accidentes o enfermedades inculpables. Según el texto que el Ejecutivo se niega a retocar, se establece una escala de pagos reducida en comparación con la legislación actual:
- Actividades voluntarias de riesgo: Si la lesión o enfermedad deriva de una actividad de este tipo, el trabajador percibirá únicamente el 50% de su salario.
- Otros casos de enfermedad: Para el resto de las afecciones o accidentes no vinculados a lo laboral, el cobro se reducirá al 75% del haber mensual.
- Eliminación de la cobertura total: El proyecto suprime el pago del 100% del salario, una garantía que rige en el sistema actual y que se considera el punto de mayor fricción con los gremios y la oposición.
- Plazos temporales: La reforma establece un límite estricto para las licencias pagas, fijándolas en un máximo de tres meses. Dicho período solo se extenderá a seis meses en el caso de que el trabajador tenga cargas de familia.
Tensiones internas y el factor Sturzenegger
La estrategia del Gobierno no solo enfrenta resistencia externa, sino que ha provocado cimbronazos dentro de la propia estructura oficialista. Las recientes declaraciones de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, actuaron como un catalizador de la controversia. Al ejemplificar las reducciones salariales mencionando específicamente las lesiones sufridas jugando al fútbol, el funcionario amplificó el malestar social y legislativo.
Estas expresiones han generado tensiones internas y han puesto en una situación incómoda a los bloques aliados en el Congreso. Estos sectores, cuya colaboración es vital para el éxito del proyecto en Diputados, están evaluando seriamente la posibilidad de impulsar cambios en el articulado para suavizar el impacto sobre los ingresos de los trabajadores enfermos. Sin embargo, desde la Casa Rosada la respuesta ha sido una sola: el texto no se negocia.
La presión por el calendario legislativo
El cronograma oficial no admite demoras. El Ejecutivo considera que la reforma laboral es una pieza fundamental de su plan económico y requiere su sanción definitiva antes de que comience el período de sesiones ordinarias. La presión sobre los legisladores se ha intensificado en las últimas horas, bajo la premisa de que el esquema actual es insostenible y propenso a distorsiones que la nueva norma busca corregir.
Pese a los cuestionamientos técnicos y políticos, el oficialismo sostiene que endurecer la postura es el único camino para garantizar la integridad de una ley que consideran vital. La pulseada en la Cámara de Diputados definirá si el Gobierno logra imponer su visión de "tolerancia cero" a las modificaciones o si, por el contrario, la presión de los aliados y el descontento generado por las nuevas escalas salariales obligan a una revisión de último momento antes del 1° de marzo.