En un avance decisivo dentro de una de las causas por presunta corrupción con mayor impacto en la administración pública, la Justicia Federal ha puesto el foco sobre la cúpula de una de las principales proveedoras de insumos médicos del país. El juez Sebastián Casanello ordenó formalmente la apertura y el peritaje exhaustivo de servidores y diversos dispositivos electrónicos pertenecientes a los directivos de la droguería Suizo Argentina. Esta medida se enmarca en una investigación compleja que busca desentrañar una presunta red de irregularidades, sobreprecios y el pago de retornos en la órbita de la desaparecida Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La causa ha escalado rápidamente en términos de gravedad institucional, al punto de que el magistrado ya ha dictado el procesamiento de 19 personas involucradas en la maniobra. Entre los procesados más destacados figura el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, quien enfrenta cargos por los delitos de asociación ilícita y fraude contra la administración pública. La hipótesis principal de la fiscalía sugiere que, bajo su gestión, se habría articulado un sistema para beneficiar a actores privados mediante la manipulación de contrataciones estatales a cambio de beneficios económicos ilegales.
El núcleo de la medida dispuesta por Casanello reside en el análisis de las comunicaciones privadas de los propietarios de la firma. La justicia busca pruebas concretas dentro de los equipos secuestrados para verificar si existió una coordinación ilícita en los procesos de compras. El foco de la investigación técnica está puesto específicamente sobre los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, cuyos celulares y computadoras personales serán examinados de manera minuciosa.
El objetivo primordial del peritaje es el examen de chats y correos electrónicos que pudieran estar vinculados a licitaciones y contrataciones específicas con el Estado. Para garantizar el acceso a la información, dadas las barreras de seguridad de la tecnología actual, se recurrió a un equipo especializado que utiliza software forense de última generación. Esta herramienta resultó indispensable para desbloquear uno de los teléfonos incautados, un dispositivo Samsung de gama alta, permitiendo así que los peritos accedan a registros que podrían ser determinantes para la causa. La investigación intenta determinar si la droguería actuó como una intermediaria en el pago de coimas para asegurarse contratos millonarios, alterando los mecanismos de competencia y transparencia.
Mientras la investigación judicial avanza sobre los dispositivos electrónicos de los empresarios, el impacto político de las denuncias provocó cambios profundos en la estructura del Poder Ejecutivo. El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, dispuso la disolución definitiva de la ANDIS y el traspaso de todas sus funciones al ámbito del Ministerio de Salud. En esta nueva etapa, se creó la Secretaría Nacional de Discapacidad con el objetivo declarado de garantizar una mayor transparencia y control sobre los recursos destinados a este sector sensible de la población.
En el expediente judicial también se analizan diversos audios que mencionan posibles retornos y que involucran a figuras vinculadas a los círculos de poder. Estos registros sonoros son piezas clave para la justicia, ya que aportarían indicios sobre cómo se distribuían los presuntos pagos ilegales derivados de los sobreprecios en las contrataciones. A pesar de la contundencia de las medidas y del procesamiento de exfuncionarios como Spagnuolo, desde el oficialismo han mantenido una postura de distanciamiento respecto a los hechos investigados. Los voceros gubernamentales niegan cualquier tipo de responsabilidad y aseguran que la reestructuración administrativa es la respuesta política a la corrupción encontrada, manifestando que no existe preocupación por el avance de las pesquisas que hoy mantienen a los hermanos Kovalivker bajo la lupa judicial.
