En el marco del debate por la Reforma Laboral, la senadora oficialista Patricia Bullrich adelantó este domingo que el oficialismo estudia formas de modificar el artículo 44 del proyecto de ley. La intención es introducir un cambio en el régimen de licencias por enfermedad para garantizar que los trabajadores que padezcan afecciones severas mantengan la totalidad de sus ingresos, alterando así el texto que obtuvo media sanción en el Senado, el cual originalmente reducía el salario de los empleados que solicitaran permiso para ausentarse de sus tareas habituales.
La legisladora de La Libertad Avanza fundamentó esta iniciativa en la necesidad de diferenciar entre patologías reales de alta complejidad y lo que calificó como una estructura de fraude médico. Según sus declaraciones, se busca restituir el 100% del salario exclusivamente para los casos de enfermedades "severas, degenerativas e irrecuperables", siempre que estas sean "fehacientemente comprobables" mediante la verificación de especialistas y diagnósticos claros.
El combate contra la "mafia de los certificados truchos"
Uno de los pilares del discurso de Bullrich para sostener la reforma es la denuncia de un circuito ilegal que, según su visión, fomenta un elevado nivel de ausentismo laboral en la Argentina. La senadora fue tajante al afirmar que "existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso". Según detalló en declaraciones a TN, este fenómeno ha llevado al país a registrar un 15% de ausencias justificadas en el ámbito laboral, una cifra que consideró excesiva y vinculada directamente a prácticas fraudulentas entre profesionales de la salud, abogados y empleados.
En este sentido, la funcionaria describió un escenario de complicidad estructural donde, según sus palabras, "antes de que llegue la policía, llegan los abogados a ofrecer certificados". Remarcó la existencia de clínicas y médicos presos por la emisión de documentos apócrifos y ejemplificó casos extremos donde una persona sufre una lesión mínima, como romperse un dedo, y logra obtener hasta un año y medio de certificados médicos. Para Bullrich, esta industria genera un gasto injustificado para el sistema y afecta la productividad nacional.
Detalles técnicos del esquema de licencias propuesto
El proyecto de ley que ahora deberá debatirse en la Cámara de Diputados introduce una diferenciación inédita entre enfermedades leves y graves, cambiando el criterio de la Ley de Contrato de Trabajo vigente. Bajo el esquema actual, el trabajador puede conservar su cargo por un año y, transcurridos dos años, se aplica la indemnización prevista en el artículo 245. La reforma, en cambio, propone los siguientes porcentajes de haberes según el origen de la afección:
- Afecciones recreativas ajenas al trabajo: El trabajador cobrará solo el 50% de su sueldo cuando la licencia supere los 3 meses.
- Afecciones involuntarias: El haber será del 75% del salario en caso de que la enfermedad sea causada por una cuestión involuntaria.
- Enfermedades graves (Propuesta de modificación): Se mantendrá el 100% del salario para patologías severas, degenerativas o irrecuperables con comprobación fehaciente.
"Lo del 50% hay que dejarlo porque hay una cantidad de certificados truchos impresionantes", advirtió la senadora, reforzando la idea de que quien intente simular una dolencia verá resentidos sus ingresos: "Si te querés hacer el vivo, cobrás menos".
Mecanismos de control y trámite legislativo
Para asegurar que el beneficio del salario pleno no sea capturado por el fraude, la propuesta prevé la creación de juntas médicas compuestas por profesionales de hospitales públicos o establecimientos privados de reconocida trayectoria. Este control estricto busca garantizar que el trabajador que simula una dolencia no pueda seguir haciéndolo, mientras se protege a quienes atraviesan cuadros de salud críticos.
Respecto a la implementación técnica de este cambio, Bullrich indicó que mantiene conversaciones con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y con la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal, para definir si la modificación se realizará por vía reglamentaria o mediante la incorporación de un nuevo artículo en el texto legislativo. El objetivo final, según la legisladora, es desarmar la "industria del certificado trucho" mediante un sistema de verificación claro y riguroso que no deje margen a los abusos.