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Política y transparencia

El Gobierno defiende la contratación de la asociación dirigida por la esposa de Sturzenegger

Tras la revelación de la Agencia Noticias Argentinas sobre una adjudicación de 114 millones de pesos, Javier Milei respaldó al Canciller y negó irregularidades en el proceso. La Casa Rosada asegura que se activaron los protocolos de integridad ante la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.

15 Febrero de 2026 20.44

El escenario político nacional se ha visto sacudido en las últimas horas por un fuerte revuelo institucional tras conocerse la adjudicación de una licitación millonaria por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. El foco de la controversia recae sobre la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que se encuentra bajo la dirección ejecutiva de María Josefina Rouillet, esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Ante la magnitud de la polémica y las repercusiones que la noticia generó en distintos sectores de la opinión pública, el presidente Javier Milei decidió intervenir de manera directa para sentar su postura.

Fiel a su estilo comunicacional habitual, el jefe de Estado no optó por los canales institucionales tradicionales ni por la emisión de comunicados de la Casa Rosada. En su lugar, utilizó la red social X para validar las explicaciones brindadas por su equipo de trabajo. Mediante un reposteo, el mandatario avaló un comentario del canciller Pablo Quirno, otorgando así un respaldo público y explícito a la transparencia de la operación y a la legalidad del proceso administrativo cuestionado.

El respaldo oficial y los argumentos de Cancillería

La defensa técnica y política de la contratación fue encabezada por el propio Quirno, quien a través de su cuenta oficial afirmó que no existe absolutamente ninguna irregularidad en el procedimiento, señalando que los hechos demuestran lo contrario. Según los argumentos esgrimidos por el funcionario y validados por el Presidente ante sus millones de seguidores, la relación contractual entre el Estado y la mencionada entidad educativa posee antecedentes de larga data, ya que la Cancillería ha contratado a la AACI desde el año 2018 con el fin de capacitar en idioma inglés a su personal técnico y diplomático.

En lo que respecta al posible conflicto de intereses por el vínculo familiar involucrado, el Gobierno asegura que se tomaron las precauciones legales correspondientes al inicio del trámite. Al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, el oficialismo sostiene que se activó de manera inmediata el procedimiento de integridad previsto para estas circunstancias. Según la explicación del Canciller, la totalidad del expediente contó con la intervención y revisión de la Oficina Anticorrupción y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismos encargados de auditar la transparencia de los actos de gobierno.

Los detalles de la investigación: cifras bajo la lupa

La justificación de la cúpula del Ejecutivo se produjo inmediatamente después de que tomara trascendencia pública el expediente administrativo, cuya revelación fue una exclusiva de la Agencia Noticias Argentinas. La investigación periodística desnudó detalles específicos sobre la naturaleza y los costos de la prestación del servicio que hoy están en el centro del debate nacional. El informe reveló que el Ministerio le adjudicó de forma directa a la asociación dirigida por María Josefina Rouillet un contrato por un monto total de $114.044.133 destinado al dictado de clases presenciales para un grupo de 132 empleados y diplomáticos.

Sin embargo, el dato que mayor impacto generó en la controversia no solo fue el vínculo familiar, sino la estructura de costos de la licitación. La investigación comprobó que el valor abonado por el Estado por cada hora de clase asciende a la suma de $191.993, una cifra que triplica holgadamente los máximos salariales docentes que se registran actualmente en el mercado educativo. Este desfasaje presupuestario, sumado a la modalidad de adjudicación directa, ha intensificado los cuestionamientos sobre la ética de la contratación en un contexto de marcada austeridad estatal.

Pese al endurecimiento de la postura oficial y al respaldo de Javier Milei, la revelación de los datos contenidos en el expediente administrativo continúa generando tensiones. La defensa de la Casa Rosada se mantiene firme en la idea de que la intervención de los organismos de control valida el proceso, mientras que el informe original de la Agencia Noticias Argentinas pone el foco en la relación entre el costo del servicio y los lazos de parentesco de la directiva de la AACI con un ministro clave del gabinete nacional.