En su último informe al Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que solo el 1,37% de los empleados de la administración pública nacional cuenta con certificado único de discapacidad (CUD). En números concretos, son 4467 trabajadores, cuando la Ley 22.431 de 1981 establece que el cupo mínimo debe alcanzar el 4%.
De las 138 reparticiones evaluadas, apenas 14 cumplen con el piso legal. Ningún ministerio integra esa lista. Entre los organismos que sí lo alcanzan figuran la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (9,48%), la Agencia Nacional de Discapacidad (8,84%), el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (6,9%), el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (6,59%) y la Anmat (4,79%). También se destacan la Sigen, la Superintendencia de Seguros, la CNCE, el BICE, el Fondo Nacional de las Artes, el INPI, la Caja de Retiros de la Policía Federal, el ORSNA y el INCAA.
Consultados por este medio, ni el Ministerio de Capital Humano, ni la Jefatura de Gabinete ni el Ministerio de Desregulación explicaron los motivos del incumplimiento ni adelantaron medidas para revertirlo.
Desde ATE, el secretario general Rodolfo Aguiar aseguró que la situación es aún peor: según sus relevamientos, la inclusión laboral apenas alcanza al 0,9% del personal estatal. Además, denunció que existen 401 trabajadores con CUD cesanteados, muchos de ellos con causas judicializadas.
El problema trasciende al Gobierno nacional. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la mayoría de las provincias y municipios tampoco cumplen con la normativa. "La falta de mecanismos de fiscalización hace que todo dependa de la voluntad política de los funcionarios", explicó Ermelinda Garbini, titular de la Dirección de Derechos de las Personas con Discapacidad del organismo.
La especialista advirtió que las mujeres y las personas con discapacidad intelectual y psicosocial son quienes más barreras enfrentan en el acceso al empleo. Entre los obstáculos figuran prejuicios, discriminación, falta de adaptación en los lugares de trabajo y ausencia de políticas activas.
Tanto Garbini como Aguiar recordaron que el trabajo es un derecho garantizado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados a promover y salvaguardar su cumplimiento. "El desafío consiste en generar sistemas de apoyo que aseguren el ingreso, la permanencia y el desarrollo laboral de las personas con discapacidad", subrayó Garbini.