El Gobierno argentino se encuentra en la etapa final de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un nuevo acuerdo financiero que podría incluir un desembolso inicial de al menos USD 8.000 millones, con posibilidad de que la cifra sea aún mayor. Este paquete, diseñado para fortalecer las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), se enmarca en un contexto de tensiones globales por la imposición de aranceles determinados por Estados Unidos y una sostenida pérdida de divisas en el mercado local.

La estrategia del Gobierno apunta a un programa económico "excepcional" que ya cuenta con un ajuste fiscal y monetario ejecutado previamente, lo que permitiría acceder a fondos superiores a los de acuerdos tradicionales. Además del respaldo del FMI, se esperan aportes adicionales de organismos bilaterales y una posible ampliación del préstamo Repo con entidades financieras privadas.

Un contexto macroeconómico más favorable que en 2018

El escenario actual difiere significativamente del registrado en 2018, cuando la Argentina recurrió al FMI bajo un programa Stand By con el objetivo de evitar un default inminente. En ese entonces, el déficit fiscal primario superaba el 4% del PBI y el déficit de cuenta corriente se acercaba al 5%. Además, una gran porción de la deuda en pesos estaba en manos de inversores externos, lo que exponía al país a mayores riesgos financieros internacionales.

En contraste, en 2025, la economía argentina muestra señales de mayor solidez. El superávit fiscal alcanzó el 1,8% del PBI en 2024 y se proyecta en 1,5% para 2025. El déficit de cuenta corriente se ha reducido a menos del 1% del PBI, y la exposición de la deuda en pesos a tenedores externos se limita al 1%, disminuyendo significativamente la vulnerabilidad ante shocks financieros externos.

Reservas negativas: el punto crítico que motiva el nuevo préstamo

A pesar de los avances en el frente fiscal y externo, el nivel de reservas internacionales netas del BCRA continúa siendo negativo. Este es el principal factor que impulsa la necesidad de cerrar un acuerdo con el FMI. A diferencia del 2018, cuando se buscaba evitar un colapso financiero, la intención actual es recomponer el activo externo del Banco Central y mejorar la capacidad de intervención en los mercados, en un entorno más ordenado.

El pedido formal ante el organismo internacional asciende a USD 20.000 millones, con dólares de libre disponibilidad que podrían ser utilizados sin restricciones, ya que los intereses correspondientes comenzarán a impactar recién a partir de 2027. Según el equipo económico, este planteo responde a una lógica más preventiva que reactiva, y se apoya en el cambio estructural de la macroeconomía nacional respecto a 2018.