El Gobierno nacional avanza en una nueva etapa de revisión de la estructura del Estado con el propósito de profundizar el proceso de reorganización de la administración pública antes de que comience plenamente la campaña electoral de 2027. En el Ejecutivo sostienen que ya se puso en marcha una "revisión integral" destinada a detectar organismos, dependencias y estructuras que puedan ser eliminadas, fusionadas o reducidas durante los próximos meses.
Desde el Gobierno reconocen que el trabajo todavía se encuentra en desarrollo y que no existe una definición cerrada sobre el alcance de las modificaciones. "Se está trabajando. No está cerrado qué entra y qué no", expresan en Nación a TN al referirse al proceso de evaluación que actualmente atraviesan distintos organismos públicos.
La revisión contempla inicialmente las dependencias que habían sido alcanzadas por la reforma impulsada mediante los decretos delegados de 2025, los cuales posteriormente quedaron sin efecto tras el rechazo del Congreso. Sin embargo, en la Casa Rosada aseguran que el análisis no se limita únicamente a esas estructuras, sino que también incluye otras áreas de la administración nacional.
El objetivo: profundizar la reorganización del Estado
En Balcarce 50 sostienen que el propósito de esta nueva revisión es consolidar una reorganización más amplia del Estado antes de 2027. El proyecto que actualmente se encuentra bajo análisis busca otorgar respaldo legislativo a parte de las transformaciones que originalmente habían sido implementadas por decreto y que luego perdieron vigencia tras el rechazo parlamentario.
Al mismo tiempo, el oficialismo afirma que estudia incorporar nuevas modificaciones sobre otras estructuras estatales, por lo que la iniciativa no se limitaría a reproducir las medidas impulsadas anteriormente.
La principal diferencia respecto del proyecto que comenzó a elaborar el Ministerio de Desregulación a comienzos del año radica en que esta nueva revisión no parte de una lista definitiva de organismos. Los equipos encabezados por Federico Sturzenegger analizan distintos aspectos antes de definir qué dependencias integrarán la futura propuesta.
Entre los criterios que actualmente se evalúan figuran:
- Las funciones que cumple cada organismo.
- El presupuesto asignado.
- La cantidad de personal.
- La presencia territorial.
- La posible superposición de competencias con provincias y municipios.
En Nación remarcan que la intención es que el nuevo paquete legislativo no constituya una copia exacta de los decretos que fueron rechazados por el Congreso.
Los antecedentes de la reforma
Entre las medidas impulsadas anteriormente se encontraba la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. Asimismo, el Ejecutivo había dispuesto la eliminación de:
- La ARICCAME.
- El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
- El Instituto Nacional de Semillas.
También se había avanzado con la transformación de:
- El INTI.
- El INTA.
- El Instituto Nacional de Vitivinicultura.
- El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Sin embargo, tras el rechazo parlamentario de los decretos delegados, el Gobierno debió restablecer las estructuras anteriores.
Continúa el plan de reducción del empleo público
La reorganización prevista también contempla mantener el proceso de reducción de personal dentro del sector público mediante distintos mecanismos. El plan oficial incluye la no renovación de contratos, los retiros voluntarios, los pases a disponibilidad y los recortes en la planta permanente cuando existan procesos de reestructuración.
Según el último informe elaborado por el Ministerio de Desregulación, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 fueron eliminados 71.029 puestos de trabajo en el sector público, cifra que representa una reducción equivalente al 14,1% de la dotación estatal. El mismo documento calcula un ahorro acumulado de US$2.814 millones.
El informe también señala que la reducción fue más significativa en la Administración Pública Nacional y en las empresas estatales. Los principales indicadores difundidos son los siguientes:
- Administración Pública Nacional: reducción del 20,1%.
- Empresas públicas: reducción del 21,5%.
- Áreas centralizadas: caída del 11,3%.
- Áreas descentralizadas: disminución del 15,9%.
- Contratos bajo la Ley Marco: reducción del 26,4%.
- Convenios con monotributistas: descenso del 48,6%.
- Plantas permanente y transitoria: reducción del 15%.
La meta oficial para este año
El informe publicado por el Indec este jueves indica que la dotación total correspondiente a junio alcanzó las 271.696 personas, distribuidas de la siguiente manera:
- 184.202 trabajadores en la Administración Pública Nacional.
- 87.494 empleados en empresas y sociedades estatales.
Los datos oficiales muestran además que la reducción interanual fue del 6,8% en la Administración Pública Nacional y del 4,5% en las compañías estatales, mientras que solamente durante junio la plantilla total disminuyó alrededor del 0,6%. La meta política fijada por el oficialismo para 2026 consistía en reducir otro 10% de la dotación existente al comenzar el año. Ese objetivo representaba aproximadamente 27.000 puestos de trabajo sobre una planta cercana a 279.000 empleados.
Desde el Gobierno no confirman si esa reducción podrá concretarse de manera uniforme en todas las dependencias, aunque aseguran que continuará funcionando como una referencia para ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas.
Resistencias internas y revisión caso por caso
La continuidad del proceso de ajuste también genera diferencias dentro de la propia administración nacional.
En algunas carteras advierten que "no hay más margen para recortar" sin afectar el funcionamiento operativo de determinadas áreas y plantean que las próximas reducciones deberían concentrarse en organismos donde existan estructuras duplicadas o sectores con menor carga de trabajo.
El Ejecutivo, por su parte, rechaza aplicar un porcentaje idéntico de reducción para todas las dependencias y sostiene que cada organismo será evaluado individualmente dentro de la revisión integral que actualmente se encuentra en marcha.
El foco en el ajuste fiscal
La profundización de la reorganización estatal también aparece vinculada con la situación de las cuentas públicas. Según los datos difundidos, junio finalizó con un déficit primario de $696.843 millones y un resultado financiero negativo de $1,025 billones. No obstante, el primer semestre mantuvo un superávit primario cercano al 0,6% del PBI y un superávit financiero del 0,1%.
Durante ese período, los ingresos mensuales crecieron 22,3% interanual, mientras que los gastos primarios aumentaron 37,7%, comportamiento atribuido en parte a la postergación del impuesto a las Ganancias y al pago de los aguinaldos previsionales.
En materia tributaria, la recaudación de junio alcanzó los $20,017 billones, con un incremento nominal interanual del 23,7%. Los principales datos del informe son:
- Ganancias: crecimiento del 11,3%, condicionado por el traslado de los vencimientos correspondientes a personas humanas.
- Derechos de exportación: caída del 27,8%, atribuida a las alícuotas más bajas y a una elevada base de comparación.
- Recaudación acumulada entre enero y junio: $109,572 billones, con un incremento del 25,9%.