Luego de un proceso de negociaciones que incluyó cuatro postergaciones y más de 15 versiones del texto, el Gobierno nacional acordó una serie de modificaciones al proyecto de Ley de Propiedad Privada, con el objetivo de obtener este jueves la media sanción en el Senado y destrabar una de las iniciativas que forman parte de su agenda legislativa.
Los cambios fueron consensuados con los bloques aliados, luego de una serie de conversaciones que giraron principalmente en torno a uno de los aspectos más debatidos del proyecto: la reforma de la Ley de Tierras y las condiciones para la adquisición de inmuebles rurales por parte de ciudadanos extranjeros.
La intención del Ejecutivo es llegar a la sesión con un texto que reúna los consensos necesarios para superar las diferencias que surgieron tanto entre los espacios dialoguistas como dentro del propio oficialismo.
Patricia Bullrich presentará las modificaciones
Las modificaciones acordadas serán dadas a conocer antes de la sesión prevista para el jueves. La presentación tendrá lugar este martes a las 16 horas en el Senado de la Nación mediante una conferencia de prensa encabezada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
También participarán los senadores:
- Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- Nadia Márquez, presidenta de la Comisión de Legislación General.
Desde el oficialismo evitaron brindar mayores precisiones sobre el contenido definitivo del proyecto y se limitaron a señalar que los cambios responden a los acuerdos alcanzados durante las negociaciones.
"Son acuerdos que hicimos para fortalecer el texto y que todos los que acompañan puedan entenderse representados", expresaron desde el oficialismo.
La reforma de la Ley de Tierras fue el eje de las negociaciones
El aspecto que mayores diferencias generó durante el tratamiento parlamentario fue la propuesta oficial de eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. Ese punto se convirtió en el principal foco de discusión entre el Gobierno y los bloques aliados, lo que obligó al Ejecutivo a introducir modificaciones respecto de su planteo original.
Según indicaron fuentes legislativas, una de las principales concesiones realizadas por el Gobierno consiste en establecer un límite para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
El porcentaje acordado se ubicaría entre el 20% y el 25%. Ese porcentaje representa un incremento respecto de la legislación actualmente vigente, que fija un límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal.
Sin embargo, la incorporación de ese tope implica un cambio respecto de la posición inicial del Ejecutivo, que proponía eliminar completamente cualquier límite para este tipo de operaciones.
Las provincias asumirán un rol central
Otro de los puntos negociados durante las conversaciones con los bloques dialoguistas está relacionado con las facultades de las provincias. El acuerdo prevé que sean las provincias, en su condición de propietarias de los recursos naturales conforme a la reforma constitucional de 1994, las que tengan competencia para autorizar, regular o vetar la venta de tierras a extranjeros dentro de sus respectivos territorios.
De esta manera, cada jurisdicción tendría intervención directa en la regulación de este tipo de operaciones.
Asimismo, los bloques dialoguistas impulsaron la eliminación de los límites departamentales contemplados en la normativa. El argumento planteado durante las negociaciones sostiene que esas restricciones afectan el desarrollo local.
Como resultado de los acuerdos alcanzados, únicamente permanecería un límite de carácter provincial y, dentro de ese marco, cada distrito tendría la posibilidad de establecer su propia regulación.
Nuevas disposiciones incorporadas al proyecto
Además de las modificaciones relacionadas con la compra de tierras por parte de extranjeros, el texto incluirá otros cambios acordados durante las negociaciones parlamentarias.
Entre ellos figuran:
- Un límite para la venta de tierras a extranjeros que rondaría entre el 20% y el 25%.
- La facultad de las provincias para autorizar, regular o vetar operaciones dentro de su jurisdicción.
- La eliminación de los límites departamentales.
- El mantenimiento de la responsabilidad del Estado nacional en el resguardo de las zonas de frontera y de las áreas consideradas estratégicas para la seguridad nacional.
- La creación de un registro de tierras ocupadas por extranjeros tanto a nivel nacional como en las provincias.
Estas modificaciones buscan incorporar los planteos formulados durante el debate legislativo y ampliar el respaldo político al proyecto.
El Gobierno busca cerrar una negociación prolongada
Con los cambios incorporados al texto, el Gobierno considera que podrá superar las diferencias surgidas durante las negociaciones con los bloques aliados y avanzar finalmente con el tratamiento legislativo.
La iniciativa sufrió cuatro postergaciones antes de llegar nuevamente al recinto y atravesó un proceso de elaboración que incluyó más de 15 versiones del proyecto. Desde el oficialismo confían en que el nuevo texto permita obtener la media sanción en el Senado y avanzar posteriormente con el resto del paquete de iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.