En medio de un escenario donde la tensión entre el Gobierno y los gremios se profundiza, la posibilidad de un cuarto paro general en Argentina parece cada vez más cercana. La razón principal: el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, mantiene un cerrojo firme sobre las negociaciones salariales, exigiendo que los aumentos no superen el 1% mensual. Esta postura ha generado preocupación en los sindicatos.
Un caso emblemático es el de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), cuyo acuerdo reciente fue por un 5,4% en tres tramos, muy por encima del límite impuesto por Caputo. Su líder, Armando Cavalieri, con más de 40 años de experiencia en negociaciones, ha sido un firme defensor del diálogo y la protección del poder adquisitivo, pero ahora enfrenta la amenaza de que su acuerdo no sea homologado si supera los límites oficiales.
El contexto se complica aún más con la inflación de marzo, que alcanzó un 3,7%, agravando el desfase salarial y poniendo en jaque los acuerdos firmados. Mientras tanto, el ministro Caputo, alineado con las proyecciones de consultoras privadas, sostiene que en abril la inflación bajará al 3%, pero para mantener esa tendencia, los salarios deben mantenerse por debajo del costo de vida, lo que implica limitar los aumentos.
Este enfrentamiento no solo afecta a Comercio, cuyo acuerdo de 5,4% trimestral aún no fue presentado para su homologación, sino que también se refleja en otros sectores. Por ejemplo, sindicatos como SMATA y Sanidad lograron aumentos del 8,3% y 8,6% respectivamente, que superan claramente la pauta oficial. Sin embargo, la postura del Gobierno busca frenar estos incrementos y promover una negociación basada en salarios básicos más bajos, con la idea de que las empresas puedan ofrecer aumentos adicionales en función de la productividad.
El debate también incluye propuestas de cambios culturales en las negociaciones: algunos funcionarios sugieren que las paritarias deberían ajustarse por debajo de la inflación, dejando que los salarios más altos sean los que se paguen a los mejores trabajadores, en una suerte de ajuste que busca reducir costos y aumentar la competitividad.
Por su parte, la dirigencia gremial advierte que, si el Gobierno mantiene su postura, la conflictividad social se intensificará. La mayoría de los sindicatos planea reclamar la reapertura de paritarias tras la cifra de inflación de marzo, y la tensión se refleja en la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo y la posible pérdida de apoyo de sus bases.
En definitiva, la disputa salarial se presenta como uno de los principales desafíos del Gobierno en su relación con los sindicatos, y si Caputo continúa con su postura de limitar los aumentos, la confrontación con los gremios será inevitable, poniendo en jaque la estabilidad social y laboral del país en un año clave de elecciones y cambios políticos.