Durante los últimos dos años de su mandato, las adjudicaciones directas a Nación Seguros experimentaron un incremento del 45% después de que Alberto Fernández firmara el decreto 823/21, que obligaba a los ministerios y organismos del Estado a contratar sus pólizas con esta aseguradora estatal. Este decreto otorgó a Nación Seguros el monopolio de las pólizas de los organismos públicos, lo que generó polémica y reveló conexiones con intermediarios cercanos al ex presidente.

De acuerdo con un análisis realizado por Infobae, durante la gestión de Fernández se registraron un total de 972 adjudicaciones a Nación Seguros, de las cuales el 60% (587) se realizaron después de la firma del mencionado decreto. Estas adjudicaciones se realizaron principalmente a través de contrataciones directas, con solo dos licitaciones privadas, cuatro públicas, dos compulsas de precios y un concurso privado dejado sin efecto.

El decreto 823/21 también habilitó la participación de productores privados como intermediarios, lo que generó un aumento en el negocio para brokers cercanos al ex presidente.

Entre ellos se encuentra Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada histórica de Fernández, María Cantero, así como la empresa Castello Mercuri SA, principal aportante de la campaña electoral de Fernández en 2019, y Pablo Torres García de la firma TG Broker SA, quien tiene vínculos con el empresario Nicolás “Nicky” Caputo y conexiones políticas que abarcan desde el PRO hasta el massismo.

Las investigaciones judiciales y las denuncias de irregularidades en los contratos con Nación Seguros han puesto bajo escrutinio la administración de Fernández y han llevado a su imputación, junto con Martínez Sosa y Torres García, por presunta administración fraudulenta. A pesar de la controversia, las contrataciones con Nación Seguros continuaron en diversos organismos del Estado, incluyendo ministerios, fuerzas de seguridad y entidades de salud.

El aumento en las adjudicaciones a Nación Seguros se refleja en el número de contratos realizados por diferentes organismos durante los últimos años del gobierno de Fernández. A pesar de la llegada de un nuevo gobierno, los contratos con esta aseguradora estatal continuaron en curso, lo que evidencia la persistencia de esta controversia en el ámbito público.