El Gobierno evalúa presentar una denuncia ante la Justicia por la filtración de audios de Karina Milei. La intención del Ejecutivo es que se investigue el trasfondo de las grabaciones y definir bajo qué figura legal puede avanzar. Entre las opciones que se analizan aparece la posibilidad de apuntar contra la productora Carnaval Stream y los periodistas que difundieron el contenido.
"Lo que nos interesa es que se investigue cómo se consiguieron los audios. Esto es un escándalo de inteligencia nacional y es un delito", sostienen en la Casa Rosada. El tema fue uno de los ejes centrales de la cumbre de urgencia que se realizó el viernes, entre las 17 y las 19, en las oficinas del asesor Santiago Caputo.
De la reunión participaron también el vocero presidencial, Manuel Adorni; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; el abogado y apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola; la exsecretaria de Comunicación Belén Stettler; el consultor Manuel Vidal y un abogado con vínculos en la ex SIDE.
Como única definición, se resolvió fijar una postura oficial a través de un mensaje en redes sociales. "Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada", señaló el secretario de Medios en X.
El Gobierno califica la filtración como una "violación a la inteligencia y seguridad nacional" y ya analiza impulsar cambios en los chequeos de Casa Militar antes de cada reunión en Balcarce 50. "Cualquier jefe de Estado que pasó por el despacho ahora puede pensar que fue grabado", admiten.
Cerca de la secretaria general de la Presidencia aseguran que está "tranquila" y no descartan que la grabación haya ocurrido fuera de la Casa Rosada. "Ella duerme en hoteles en el interior y desayuna en bares. Puede haber pasado en cualquier lado", remarcan.
El Ejecutivo busca determinar en qué encuentro fue registrada Karina Milei para avanzar sobre los presentes. En el entorno presidencial también creen que existen actores que intentan "presionar" a la mesa chica del mandatario para negociar poder político. "Que pongan los 50 minutos de la reunión, no van a encontrar nada sensible", agregan.
Por ahora, el Gobierno descarta recurrir al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para frenar la publicación de audios privados en los medios, pero asegura que, si avanza judicialmente, lo hará "contra todos los actores involucrados".