El Gobierno nacional analiza impulsar una reforma para modificar el régimen del Procurador General de la Nación y eliminar el carácter vitalicio del cargo, en el marco de una estrategia orientada a avanzar con la cobertura de las más de 300 vacantes que existen en la Justicia federal.
Actualmente, la Procuración General está a cargo de manera interina de Eduardo Casal, quien asumió esa función tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017. Desde entonces, ninguna administración logró reunir los dos tercios de los votos en el Senado necesarios para designar a un nuevo titular.
El cargo, al igual que el de los jueces, se ejerce hasta los 75 años, una condición que, según consideran en la Casa Rosada, dificulta la construcción de los consensos políticos necesarios para una designación definitiva.
"El sistema es muy largo, de por vida. No es bueno para la vida institucional", señaló un integrante de la mesa política del Gobierno en declaraciones citadas por TN.
Evalúan un mandato limitado
La propuesta que se analiza contempla reemplazar el actual esquema vitalicio por un mandato limitado a dos períodos, cuya duración aún no fue definida.
De acuerdo con la información difundida, la iniciativa ya fue conversada de manera preliminar con el presidente Javier Milei, aunque el mandatario todavía no realizó declaraciones públicas sobre el tema. Tampoco hubo una postura oficial del Ministerio de Justicia.
La idea mantiene similitudes con un proyecto presentado anteriormente por la senadora Carolina Moisés, que proponía un mandato de ocho años, con posibilidad de una única prórroga de cuatro años, conservando el requisito de mayoría calificada del Senado para la designación.
Un cargo clave con el nuevo sistema acusatorio
El debate adquiere mayor relevancia por la implementación del sistema acusatorio, que transfiere la responsabilidad de investigar los delitos desde los jueces hacia los fiscales.
En ese esquema, el Procurador General, como máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, adquiere un rol central al supervisar y designar a los fiscales que intervienen en las investigaciones penales.
Por esa razón, la definición del cargo continúa siendo uno de los principales puntos de negociación política en el Senado, junto con las vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia.
Hasta el momento, el Gobierno sostiene que no es oportuno avanzar con esos nombramientos. En mayo pasado, el ministro de Justicia ratificó que el presidente Milei considera que "no es el momento" para impulsar las designaciones.
El oficialismo busca avanzar con nuevos nombramientos
Mientras continúa el análisis de una eventual reforma de la Procuración General, el oficialismo prevé convocar a una nueva sesión del Senado durante la segunda quincena de julio para tratar, entre otros temas, alrededor de 35 pliegos correspondientes a jueces, fiscales y defensores oficiales.
De prosperar esos nombramientos, el Gobierno espera avanzar en la cobertura de un centenar de las más de 300 vacantes que actualmente registra la Justicia federal.
Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.