El Gobierno argentino solicitará a la Justicia de Estados Unidos que suspenda la orden que exige la entrega de correos electrónicos y mensajes privados de Luis Caputo y Sergio Massa, en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
Según informó TN, el Ejecutivo hará una presentación ante la jueza federal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, para poner en pausa la directiva mientras se resuelve la apelación vinculada al proceso de discovery.
La Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, ya había presentado un recurso para frenar la medida ante la Corte de Apelaciones el 26 de septiembre. Sin embargo, Preska insistió con el cumplimiento de la orden y fijó el 30 de octubre como fecha límite, advirtiendo que la falta podría derivar en sanciones, como inferencias adversas o medidas de desacato.
Un frente judicial millonario con impacto en Catamarca
Los fondos demandantes —que obtuvieron una sentencia favorable por US$16.100 millones y pueden cobrar con parte de las acciones de YPF— buscan probar que la petrolera y el Estado argentino actúan como una misma entidad, lo que podría facilitar embargos sobre activos de la compañía.
En Catamarca, donde YPF tiene estaciones de servicio, contratos de suministro y actividades de exploración indirecta, los analistas locales siguen de cerca el caso. Existe expectativa sobre cómo un fallo adverso podría impactar en la inversión provincial, la cadena de servicios y el empleo regional, sobre todo en sectores vinculados al combustible y la logística.
El equipo legal del Gobierno instruyó cerrar cualquier canal que pueda proveer información sensible a los litigantes. En la Casa Rosada sostienen que no se entregará información privada de funcionarios, y que la jueza "se excedió en su jurisdicción" al ordenar la entrega de chats y mails.
Apelaciones y apoyo internacional
El Gobierno se prepara para la audiencia oral de la Corte de Apelaciones, que se realizará tras las elecciones legislativas del 26 de octubre. Argentina ya notificó que, en caso de un rechazo, apelarían ante la Corte Suprema de EE.UU.
A principios de octubre, el Ejecutivo celebró el respaldo de varios países a su apelación, que busca evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte del pago de la sentencia.
La defensa argentina presentó cuatro argumentos principales:
Violación de la inmunidad soberana.
Interpretación errónea del derecho del Estado de Nueva York.
Inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas.
Violación del derecho argentino e internacional.
En Catamarca, la comunidad empresarial y los trabajadores vinculados al sector energético observan con atención el caso, conscientes de que los resultados judiciales internacionales pueden repercutir en la economía local.
