El Gobierno nacional prepara un decreto para intervenir en la orientación de las investigaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el principal organismo estatal de ciencia y tecnología del país. Según pudo saber TN, la iniciativa apunta a modificar el sistema de gobernanza para que el Poder Ejecutivo pueda incidir directamente en la selección de proyectos.
"El objetivo es definir qué se investiga y qué no, priorizando lo técnico por sobre informes que hablan de Batman", señalaron desde la Casa Rosada. Aunque no hay plazos definidos, el texto de la medida ya fue analizado por los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado —a cargo de Federico Sturzenegger— y de la Secretaría Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal.
Mientras algunos sectores del oficialismo afirman que la iniciativa ya cuenta con la aprobación del presidente Javier Milei, otros sostienen que aún podría demorarse su publicación en el Boletín Oficial.
Cambios en la Agencia de I+D+i
En paralelo, el Gobierno tiene listo otro decreto para reformar la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), que financia proyectos científicos. El nuevo esquema reducirá su directorio de once a tres miembros, quienes serán designados en los próximos días.
La Agencia depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y opera con fondos provenientes del FONCyT, FONTAR y FONARSEC. Cuenta con 165 empleados y administra un presupuesto de $25.000 millones.
Cómo funciona hoy el Conicet
El Conicet tiene una planta de 26.781 trabajadores: 11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2800 técnicos y 1400 administrativos. Su presupuesto anual alcanza los $580.000 millones y abarca una red nacional compuesta por 17 Centros Científico-Tecnológicos (CCT), 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro Multidisciplinario y más de 300 institutos de investigación.
El organismo es conducido por un directorio de ocho miembros y un presidente —actualmente Daniel Salamone— designado por el Ejecutivo. Los restantes integrantes son propuestos por distintos sectores: investigadores activos, el Consejo de Universidades, cámaras empresarias y organismos de ciencia y tecnología provinciales. Los mandatos duran cuatro años y se renuevan parcialmente cada dos.
Menos ciencias sociales, más perfil técnico
Según confirmaron fuentes oficiales, el Gobierno dejó en suspenso una reforma estructural más amplia —que incluía recortes de áreas internas—, pero avanzará con modificaciones en el proceso de ingreso de personal. La intención es excluir a investigadores del área de ciencias sociales y humanidades para priorizar perfiles técnicos vinculados a sectores como energía, minería y salud.