El Gobierno nacional trabaja en la elaboración de un decreto para reformar el régimen de Migraciones, organismo que depende del Ministerio de Seguridad. Según pudo saber TN, el objetivo central es fortalecer el rol de la entidad y endurecer los controles en las fronteras del país.
Las nuevas medidas se sumarían a lo dispuesto en el DNU 366/2025, publicado en mayo de este año, que modificó el régimen migratorio con el propósito de aumentar el control sobre las personas que ingresan a la Argentina, identificar quiénes acceden al sistema de asistencia social y promover inversiones extranjeras a través de incentivos como la ciudadanía por inversión.
"La idea es fortalecer el rol de Migraciones y fortalecer la política migratoria en general. Esto ya se hizo con un decreto, pero hay cuestiones a subsanar y reglamentar. La idea es tener una doctrina de seguridad más dura", indicaron fuentes oficiales con conocimiento del proceso de reforma.
En ese marco, el nuevo decreto buscaría otorgarle mayores competencias a Migraciones para implementar una política migratoria más restrictiva. Según precisaron las mismas fuentes, el endurecimiento estaría focalizado, "al menos con respecto a los países considerados de baja vigilancia".
La iniciativa presidencial permitiría aplicar controles más exhaustivos sobre quienes ingresan al país, incluyendo un análisis más profundo de antecedentes. También se evalúa que la Argentina exija visa a ciudadanos de determinados países. En la actualidad, ese requisito ya rige para algunas naciones de Asia y África, entre ellas China, Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Burundí, Camerún, Egipto y Haití.
Cuáles son las competencias actuales de Migraciones
Hasta el momento, la Dirección Nacional de Migraciones cumple funciones vinculadas principalmente con el otorgamiento de ciudadanías, residencias y el control del ingreso de visitantes al país.
Sin embargo, durante la conferencia de prensa realizada en mayo para anunciar el DNU 366/2025, el Gobierno informó cambios significativos, como la deportación de personas condenadas por delitos cometidos en la Argentina y la obligación de abonar los servicios de salud y educación.
El decreto también introdujo una modificación clave respecto de la legislación anterior: las personas con situación migratoria irregular solo podrán acceder a atención gratuita en casos de emergencia.
Asimismo, la última normativa previa a esta nueva reforma en análisis estableció que la ciudadanía argentina solo se otorgará a quienes acrediten dos años de residencia continua en el país, sin salidas del territorio nacional.
"Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía, como ocurría hasta ahora", expresó en su momento Manuel Adorni, vocero presidencial y actual jefe de Gabinete.
El debate sobre el endurecimiento de la política migratoria vuelve así al centro de la agenda nacional, con posibles implicancias también en provincias del interior como Catamarca, donde el control del ingreso y la aplicación de estas normas forman parte de los desafíos de gestión en el territorio.
