El Gobierno nacional resolvió avanzar en la implementación de tecnología para bloquear teléfonos celulares en cárceles federales, en una medida orientada a impedir que desde el interior de los establecimientos penitenciarios se continúen organizando delitos. La decisión fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad y publicada en el Boletín Oficial, estableciendo un nuevo esquema de control sobre las comunicaciones ilegales dentro de las prisiones.
El uso de celulares en cárceles no es un fenómeno reciente, pero en los últimos años adquirió una dimensión crítica. Distintas investigaciones judiciales revelaron que estos dispositivos son utilizados como herramientas clave para la coordinación de actividades ilícitas, incluyendo estafas telefónicas, amenazas y organización de robos.
Uno de los casos que expuso con claridad esta problemática fue el del denominado "call center carcelario", una organización integrada por presos que operaba desde la Unidad Penal N° 35 de Magdalena. A través de llamadas, lograron estafar incluso a jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro, evidenciando el alcance y la sofisticación de estos esquemas delictivos.
Cómo funcionará el nuevo sistema de bloqueo
La normativa establece que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) podrá instalar sistemas tecnológicos capaces de detectar teléfonos celulares activos dentro de los penales y bloquear su funcionamiento de manera selectiva. A diferencia de los mecanismos utilizados en el pasado, el nuevo sistema no implica un bloqueo general de la señal. Este cambio representa un aspecto central de la medida, ya que apunta a una intervención más precisa y controlada.
Entre las características principales del sistema se destacan:
- Detección de dispositivos activos dentro de las cárceles
- Identificación de señales específicas de teléfonos móviles
- Bloqueo puntual del funcionamiento de los equipos detectados
Este enfoque busca evitar uno de los principales problemas de los antiguos inhibidores, que generaban interferencias también en las zonas cercanas a los establecimientos penitenciarios, afectando a terceros ajenos a la situación.
El objetivo: cortar la comunicación delictiva
La resolución oficial señala de manera explícita la finalidad de la medida. Se busca "impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas".
El problema radica en que, en muchos casos, los teléfonos dentro de las cárceles funcionan como verdaderos centros de operaciones delictivas, permitiendo a los internos mantener contacto directo con redes externas. Esto ha dado lugar a estructuras organizadas que operan como call centers clandestinos, con capacidad para ejecutar fraudes de manera sistemática. A pesar de los controles existentes, que incluyen requisas y secuestros frecuentes de dispositivos, el fenómeno no logró ser erradicado hasta el momento, lo que motivó la adopción de nuevas herramientas tecnológicas.
Marco legal y regulación vigente
La medida se apoya en la ley 24.660, que regula el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad. Esta normativa establece que las personas detenidas tienen derecho a comunicarse con familiares, abogados o allegados, pero prohíbe expresamente el uso de teléfonos celulares.
En este contexto, el Estado tiene la obligación de garantizar mecanismos que aseguren el cumplimiento de esa prohibición, evitando el uso indebido de dispositivos móviles dentro de los penales.
Como parte de la implementación, se aprobó además un documento técnico específico: Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales. Esta herramienta establece las pautas operativas sobre cómo se aplicará la tecnología, incluyendo los procesos de identificación, seguimiento y bloqueo de los dispositivos.
Implementación gradual y desafíos técnicos
La puesta en marcha del sistema no será inmediata ni automática. Detectar un teléfono, identificarlo y proceder a su bloqueo implica un proceso técnico complejo, que requiere monitoreo constante y ajustes operativos.
La resolución también instruye a las áreas técnicas del Ministerio de Seguridad a avanzar en:
- Compra de los equipos necesarios
- Instalación de los sistemas
- Mantenimiento y actualización tecnológica
Asimismo, se establece la necesidad de realizar ajustes para garantizar que el funcionamiento del sistema no afecte áreas externas a los establecimientos penitenciarios, un punto clave para evitar inconvenientes con la población circundante.
Un contexto de iniciativas similares
La decisión del Gobierno nacional se inscribe en un contexto más amplio de preocupación por el uso de celulares en cárceles. En esa línea, el bloque HECHOS impulsó recientemente una iniciativa en la Legislatura bonaerense con el objetivo de restringir el uso de estos dispositivos en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Según los legisladores, la propuesta busca restablecer el orden jurídico y reforzar la seguridad pública, en función de que la flexibilización en el uso de celulares, implementada durante la emergencia sanitaria por COVID-19, se extendió más allá de su justificación inicial y sin una evaluación de sus consecuencias.