El debate político que rodea al Presupuesto Nacional y a las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión. Con un férreo hermetismo en torno a los proyectos de reforma laboral e impositiva, el Gobierno nacional decidió encapsular ambos textos y evitar filtraciones antes de su presentación formal en el Congreso. Esa estrategia, sin embargo, generó incomodidad y desconfianza entre los gobernadores, que reclaman que todos los compromisos acordados en las conversaciones previas sean incluidos "por escrito" en el articulado final del presupuesto.
La negociación se aceleró en los últimos días, pero los mandatarios provinciales insisten en que, sin un documento detallado, resulta imposible avanzar en un respaldo definitivo. El mensaje es claro: cualquier punto pactado con Nación —desde envíos de fondos hasta esquemas de compensación por recortes o nuevos criterios de distribución— debe quedar plasmado explícitamente en la ley. Solo así, aseguran, podrán dar garantías a sus administraciones respecto de la ejecución futura.
En medio de este clima, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este martes una reunión con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, uno de los dirigentes provinciales que históricamente mostró una postura más dialoguista con la Casa Rosada. El encuentro se desarrolló en un tono cordial, aunque no exento de planteos concretos vinculados al presupuesto y al impacto que tendrán las decisiones nacionales sobre las cuentas públicas misioneras.
El reclamo de Misiones no es aislado. Gobernadores de distintas fuerzas políticas coinciden en que el Gobierno mantiene un nivel de reserva inusual sobre las reformas laboral e impositiva, cuyos borradores aún no circulan fuera del círculo más inmediato del Poder Ejecutivo. Este hermetismo, justifican desde Balcarce 50, responde a la intención de evitar que las discusiones se desordenen y se adelanten las resistencias legislativas antes de tiempo. "No se quiere abrir un frente antes de tener el texto cerrado", señalan fuentes oficiales.
Sin embargo, para las provincias este método dificulta la construcción de consensos. Los gobernadores sostienen que necesitan conocer con precisión cómo afectará la reforma impositiva al reparto de recursos, y de qué manera la reforma laboral impactará en los sectores productivos de sus economías regionales. Ambas iniciativas son consideradas por el Gobierno como pilares de su plan económico, pero su avance dependerá del respaldo del Congreso, donde la relación de fuerzas sigue siendo frágil.
En paralelo, continúa la incertidumbre sobre cómo quedará redactada la versión final del Presupuesto 2026. Aunque el Ejecutivo transmitió que está dispuesto a incorporar parte de los pedidos provinciales, los mandatarios exigen que esas promesas no queden en simples notas al pie ni en acuerdos verbales. La consigna de "todo por escrito" aparece como una condición indispensable para garantizar un apoyo sólido.
Mientras tanto, en la Casa Rosada prefieren mantener silencio sobre la reforma laboral, la más sensible políticamente. Dentro del Gobierno insisten en que será presentada cuando esté "técnicamente lista", aunque actores sindicales y legisladores opositores sostienen que la falta de información alimenta especulaciones y posibles enfrentamientos futuros.
Con el cierre del año legislativo cada vez más cerca y una agenda cargada de negociaciones, el oficialismo busca equilibrar el avance de sus proyectos estructurales con la necesidad de sumar voluntades en el Congreso. Del otro lado, los gobernadores endurecen su postura y reclaman garantías formales. El escenario anticipa semanas intensas, donde cada palabra escrita —o no escrita— podría definir el rumbo del país en 2026.