Con menos de un mes y medio por delante para la finalización de las sesiones ordinarias, el Gobierno prepara un nuevo intento para destrabar en el Senado el denominado Súper RIGI, un esquema destinado a promover inversiones superiores a los USD 1.000 millones en industrias consideradas "del futuro".

La discusión quedó paralizada a comienzos del mes pasado, luego de que tres senadores plantearan modificaciones al articulado. Ahora, el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, tiene en sus manos la definición sobre una posible salida que permita acercar posiciones y reactivar el tratamiento legislativo.

Según la información publicada por Infobae, surgió una nueva propuesta que ya está bajo análisis y sobre la cual se espera una decisión en los próximos días. El borrador busca responder, al menos parcialmente, a los reclamos de los legisladores aliados, preocupados por el avance de las importaciones y sus efectos sobre los proveedores nacionales.

Los senadores que impulsan los cambios son el radical Maximiliano Abad, representante de Buenos Aires; el peronista no kirchnerista Carlos Espínola, de Corrientes; y Martín Goerling, jefe del bloque del PRO y representante de Misiones.

El planteo central consiste en ampliar el alcance del criterio de "precio/calidad" para evitar que las condiciones previstas por el régimen favorezcan la adquisición de bienes importados en detrimento de la producción local. Los legisladores también reclaman que, cuando existan proveedores nacionales capaces de cumplir con los requerimientos, sus precios puedan considerarse competitivos dentro de un margen determinado frente a las ofertas extranjeras.

El límite del 15% para las ofertas nacionales

Uno de los puntos principales de la negociación es establecer que el precio de los bienes o servicios ofrecidos por proveedores locales no supere en más de un 15% el valor comparable de una oferta de origen extranjero, siempre que ambas alternativas cumplan condiciones equivalentes.

La propuesta pretende establecer parámetros concretos para determinar cuándo una oferta nacional puede ser considerada competitiva. El objetivo es que la evaluación no dependa exclusivamente de una comparación de precios, sino que también contemple la calidad, las especificaciones técnicas, las cantidades disponibles y los plazos de entrega.

En el texto planteado por los legisladores, se propone que la eventual autoridad de aplicación establezca un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados. Esa instancia permitiría verificar si existen proveedores locales con capacidad efectiva para responder a los requerimientos de cada proyecto antes de determinar que la oferta nacional es inexistente o insuficiente.

La consulta debería considerar las condiciones necesarias para garantizar que la provisión local sea viable y compatible con las necesidades de las inversiones contempladas en el régimen.

El mecanismo propuesto incluye los siguientes aspectos:

Consulta a entidades empresarias: participación de organizaciones representativas de los sectores productivos involucrados.

Verificación de la oferta nacional: identificación de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto.

Condiciones de competitividad: evaluación del precio, la calidad, la cantidad, las especificaciones técnicas y los plazos de entrega.

Margen de precio: posibilidad de considerar competitiva una oferta local cuyo valor no supere en más de un 15% el precio comparable de origen extranjero.

Comparación de costos equivalentes: evaluación de los precios puestos en destino, con inclusión de los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio.

La propuesta establece expresamente que, para cumplir con las obligaciones de adquisición local previstas en el régimen, se considerará competitiva la oferta de un proveedor nacional cuando reúna condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega, y su precio se mantenga dentro del margen del 15%.

Además, la comparación deberá realizarse sobre precios equivalentes puestos en destino, teniendo en cuenta todos los costos vinculados con la importación y la provisión del bien o servicio. La reglamentación será la encargada de establecer cómo se aplicará ese criterio.

Economía busca acercar posiciones con los aliados

El nuevo borrador procura responder a los reclamos de Abad, Espínola y Goerling, aunque todavía no está claro si satisfará todas sus demandas. Los tres senadores estudian la propuesta y, según el escenario planteado, el texto no abarcaría la totalidad de las exigencias de los aliados, pese a que busca amortiguar sus objeciones.

La negociación se desarrolla después de que la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, validara semanas atrás otros cambios vinculados con el régimen. Entre ellos figuraban el reconocimiento de un 20% a favor de los bienes locales y la exigencia de que las inversiones aseguren la capacidad de conexión al sistema eléctrico.

También se había incorporado un esquema de abastecimiento destinado a cubrir la demanda máxima sin afectar la seguridad del sistema eléctrico.

Esas modificaciones constituyen parte de los intentos del oficialismo por construir consensos en torno al proyecto. Sin embargo, el reclamo sobre el criterio de competitividad de los proveedores nacionales mantiene abierta la discusión y obliga al Ministerio de Economía a evaluar una nueva alternativa.

La cuestión tiene relevancia para un grupo de provincias que observa con preocupación el crecimiento de las importaciones dentro del RIGI vigente. La demanda de los senadores apunta a incorporar reglas que permitan verificar de manera previa si existe oferta local suficiente y competitiva antes de concluir que es necesario recurrir a proveedores extranjeros.

El calendario legislativo 

Aunque el Gobierno busca avanzar con el proyecto, el calendario parlamentario representa una dificultad adicional. Si el Súper RIGI consigue destrabarse y llega al recinto del Senado, el texto deberá regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión.

Ese recorrido legislativo reduce el margen disponible para completar el tratamiento antes de que finalicen las sesiones ordinarias, previstas para dentro de menos de un mes y medio.

En la Casa Rosada, sin embargo, persiste la intención de avanzar con toda la agenda pendiente en un plazo de 45 días. La cantidad de proyectos que todavía deben debatirse, incluidos algunos de considerable peso político y económico, alimenta las expectativas de que el Congreso pueda continuar trabajando durante un período extraordinario.

La convocatoria a sesiones extraordinarias depende del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la continuidad de las negociaciones y el tiempo disponible para convertir las propuestas en leyes estarán condicionados por las decisiones que adopte el Gobierno.

El Súper RIGI forma parte de una agenda más amplia que la administración de Javier Milei intenta impulsar, pero su tratamiento evidencia las dificultades para compatibilizar los objetivos oficiales con las demandas de los aliados parlamentarios.

El RIIR, otro régimen que espera una definición

La negociación por el Súper RIGI también podría tener consecuencias sobre otro proyecto que permanece trabado: el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR).

El jefe de la Unión Cívica Radical en el Senado, Eduardo Vischi, representante de Corrientes, espera un aval para avanzar con esa iniciativa, destinada a grandes empresas con planes de inversión que partirían desde los USD 12 millones.

En este caso, Abad, el macrista Goerling Lara y el peronista Espínola propusieron incorporar un artículo similar al que reclaman para el Súper RIGI. La disposición buscaría trasladar al otro régimen criterios vinculados con la participación de proveedores nacionales y la evaluación de sus ofertas frente a las alternativas extranjeras.

Sin embargo, el RIIR también quedó trabado. La posibilidad de que una respuesta favorable a los reclamos sobre el Súper RIGI facilite una solución para el régimen de inversiones relevantes aparece como otro elemento de la negociación.

Por ahora, ambas iniciativas continúan pendientes de una definición. El Ministerio de Economía deberá evaluar la contrapropuesta y decidir si introduce modificaciones capaces de acercar posiciones con los senadores aliados.

La discusión combina la promoción de grandes inversiones, las condiciones de competencia entre proveedores locales y extranjeros y las restricciones del calendario parlamentario. Con el cierre de las sesiones ordinarias cada vez más próximo, el Gobierno busca evitar que las diferencias sobre el articulado prolonguen el bloqueo de dos proyectos que considera relevantes para su agenda económica.