El Gobierno nacional está listo para oficializar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reducirá significativamente la estructura del Estado. La medida contempla la eliminación de 24 organismos, la fusión de más de 15 y la transformación de 16 dependencias. Con esta decisión, la administración busca optimizar el gasto público y reasignar funciones clave a otras entidades gubernamentales.
El plan de desregulación del Estado
El DNU fue elaborado por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y revisado por los equipos del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal. Actualmente, el documento se encuentra en la secretaría de Legal y Técnica, a la espera de la firma del presidente Javier Milei para su publicación en el Boletín Oficial.
Si bien existen divergencias en torno a la cantidad exacta de organismos afectados, fuentes oficiales indican que el decreto impactará sobre 55 a 58 entidades. Esta cifra representa una reducción significativa respecto de la propuesta original, que contemplaba más de 110 organismos en julio de 2024.
Organismos que serán eliminados y reestructurados
Uno de los principales cambios es la eliminación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuyas funciones serán transferidas en parte a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Guillermo Francos. El reconocimiento de comunidades originarias pasará a ser responsabilidad de las provincias, mientras que la Nación continuará a cargo del registro.
Otro ente afectado es el Instituto Nacional de las Juventudes (INJUVE), que actualmente forma parte del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello. También se prevé la eliminación del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), entidad con 37 empleados y un presupuesto de $12.143 millones. Parte de sus funciones podrían ser transferidas a la iniciativa Marca País.
Asimismo, el Gobierno planea centralizar los 12 institutos dependientes de la Secretaría de Cultura, encabezada por Leonardo Cifelli. Con esta medida, se busca mejorar la gestión administrativa y reducir costos operativos.
Entidades que no serán afectadas por la medida
A pesar de la gran reestructuración estatal, algunas entidades quedarán excluidas del DNU. Entre ellas se encuentran las universidades nacionales, las dependencias del Poder Legislativo y Judicial, así como organismos estratégicos como CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
Impacto en los empleados públicos
El artículo 52 de la Ley Bases establece que los empleados afectados por la eliminación o reestructuración de estos organismos mantendrán su puesto con goce de sueldo durante un año. En ese período, se evaluará su posible reubicación en otras áreas del Estado.