El Gobierno nacional apunta a conseguir en septiembre la media sanción del proyecto para suspender las PASO y, en paralelo, acelera los acuerdos electorales con el PRO, la UCR y fuerzas provinciales para asegurarse los votos en el Senado.
En la Casa Rosada sostienen que la reforma política se convirtió en una de las principales prioridades de la agenda legislativa para el segundo semestre.
El cálculo que realizan en Nación parte de los 21 senadores de La Libertad Avanza (LLA) y de los respaldos que esperan obtener entre los radicales y los integrantes del interbloque Impulso País.
"Con ese piso llegamos a 35 aproximadamente. Sumamos dos federales y estamos", sostienen en el oficialismo.
La composición formal de esos espacios es incluso mayor al número que utiliza internamente el Ejecutivo: LLA tiene 21 bancas, la UCR cuenta con 10 e Impulso País reúne 7 senadores. Sin embargo, la Casa Rosada no da por garantizados todos esos votos y trabaja sobre un escenario más conservador, con unos 35 respaldos efectivos.
Impulso País está integrado por el PRO, Provincias Unidas, Independencia y Despierta Chubut y constituye uno de los principales espacios de negociación del oficialismo en la Cámara Alta.
La UCR, con diez legisladores, aparece como el otro bloque sobre el que el Gobierno busca construir la base para la votación.
El número de 37 senadores funciona como una referencia política para garantizar el quórum y reducir la dependencia de acuerdos de último momento. La aprobación de una ley ordinaria requiere mayoría de los presentes, pero en Balcarce 50 buscan llegar al recinto con una base suficientemente amplia para evitar que una ausencia o un cambio de posición complique el tratamiento.
Acuerdos electorales con el PRO, la UCR y fuerzas provinciales
La estrategia parlamentaria explica parte de la aceleración de las conversaciones electorales para 2027. La conducción de La Libertad Avanza trabaja en acuerdos en CABA, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco, Chubut y Santa Fe, entre otros distritos.
La lógica del Ejecutivo no está centrada esta vez en los gobernadores dialoguistas que acompañaron las principales reformas durante los últimos años, sino en construir una base más estable con los espacios con los que pretende competir en alianza en 2027.
La Casa Rosada busca que esos acuerdos electorales tengan también un correlato legislativo durante los próximos meses.
El caso más avanzado es el acercamiento con Mauricio Macri y el PRO. Ambas fuerzas abrieron una mesa de coordinación que se reunirá cada quince días y el Gobierno pretende incluir en esa negociación el acompañamiento a la suspensión de las primarias.
El macrismo, en tanto, busca obtener garantías sobre el armado electoral antes de resignar una herramienta que considera relevante para la negociación de candidaturas.
La negociación con el PRO también incluye la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut, además de otros distritos donde el partido mantiene representación.
En paralelo, el Gobierno busca profundizar los entendimientos con sectores de la UCR en provincias como Mendoza y Chaco, mientras mantiene conversaciones con dirigentes radicales y aliados provinciales en otros territorios.
En Balcarce 50 consideran que los acuerdos distritales pueden servir para ordenar de manera simultánea la estrategia electoral y la relación con el Congreso. La prioridad es evitar que el oficialismo dependa en cada votación de gobernadores con los que luego competirá directamente y consolidar una coalición que también respalde el proyecto de reelección de Javier Milei.
Obras y fondos, parte de la negociación con las provincias
El Ejecutivo analiza además utilizar herramientas de gestión para ampliar los entendimientos con las provincias, entre ellas la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la habilitación de obras.
En Nación aclaran que el núcleo de la estrategia seguirá puesto en el PRO y la UCR, aunque admiten que necesitarán respaldos adicionales para conseguir los votos en las votaciones más ajustadas.
Uno de los casos que el Gobierno sigue especialmente es el de Misiones. El oficialismo observa una posibilidad de volver a negociar con el sector de Carlos Rovira, en medio de la disputa que mantiene con el gobernador Hugo Passalacqua y del reordenamiento de los espacios provinciales de cara a 2027.
La interna política misionera ya trasladó tensión a los votos de los representantes de la provincia en el Senado.
El Gobierno considera que el armado de las listas provinciales podría darle margen para sumar al menos un respaldo misionero al proyecto de reforma política.
Carlos Arce y Sonia Rojas Decut quedaron atravesados durante los últimos meses por la ruptura entre Rovira y Passalacqua, mientras que el tercer senador de la provincia, Martín Goerling, integra el Frente PRO y forma parte de Impulso País.
La suspensión de las PASO se convirtió así en una de las principales prioridades legislativas del Gobierno antes del inicio formal del año electoral.
La iniciativa busca evitar una secuencia de elecciones primarias, generales y un eventual balotaje durante 2027, mientras obliga al oficialismo a cerrar con anticipación los acuerdos políticos que le permitan avanzar con la reforma y, al mismo tiempo, consolidar su estrategia electoral.
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