El Gobierno nacional abrió un debate interno sobre la posibilidad de otorgar compensaciones a los gobernadores que manifiestan reparos frente a algunos puntos centrales del proyecto de Reforma Laboral impulsado por la administración de Javier Milei. La discusión se da en un contexto de negociaciones intensas, con el objetivo de reunir los respaldos necesarios para avanzar en el Congreso con una iniciativa considerada prioritaria por el oficialismo.
Dentro del Poder Ejecutivo conviven posturas contrapuestas. Mientras un sector se muestra abierto a introducir mecanismos de compensación para atender los reclamos provinciales, otro grupo se resiste a ceder ante lo que considera presiones políticas que podrían desnaturalizar el espíritu de la reforma. La tensión se concentra especialmente en los cambios impositivos incluidos en el proyecto, que generan preocupación entre los mandatarios provinciales.
Uno de los puntos que despierta mayor resistencia es la modificación de la escala del Impuesto a las Ganancias. Se trata de un tributo coparticipable, por lo que cualquier alteración en su esquema impacta directamente en la recaudación de las provincias. Gobernadores de distintos signos políticos, incluso algunos alineados con la Casa Rosada, advirtieron que los cambios propuestos podrían afectar seriamente sus ingresos fiscales y comprometer el equilibrio de sus cuentas públicas.
Ante este escenario, en Balcarce 50 se analiza la posibilidad de ofrecer compensaciones específicas como forma de destrabar las diferencias y asegurar los votos necesarios en el Congreso. Según trascendió, el tema será eje central de la reunión de la mesa política convocada para esta mañana por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista para las 10. Allí se espera un intercambio clave para definir la estrategia a seguir en las próximas semanas.
Las alternativas en discusión incluyen desde soluciones puntuales adaptadas a las demandas particulares de cada provincia hasta esquemas más generales que permitan amortiguar el impacto fiscal de la reforma. Sin embargo, no todos dentro del Gobierno avalan este enfoque. Los sectores más reacios a negociar sostienen que los gobernadores terminarán acompañando la iniciativa una vez que comprendan los beneficios estructurales que la reforma podría generar en el mediano y largo plazo para sus economías regionales.
Desde esta mirada, los defensores de una postura más rígida argumentan que el crecimiento de la actividad económica y la formalización del empleo derivadas de la Reforma Laboral redundarán en mayores recursos para las provincias, compensando eventuales pérdidas iniciales. Este enfoque cuenta con el respaldo de parte del equipo económico y es seguido de cerca por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien participará del debate y tendrá un rol central en la definición final.
Con el calendario legislativo en marcha y el mes avanzando, el Poder Ejecutivo comenzó a aceitar los mecanismos de negociación política. El objetivo es coordinar una estrategia común entre los principales referentes del oficialismo encargados del diálogo parlamentario. El equipo está integrado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador político Eduardo "Lule" Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
La intención del Gobierno es consolidar una línea de acción que le permita capitalizar un nuevo triunfo legislativo en un escenario complejo, marcado por la fragmentación política y la necesidad de acuerdos transversales. En ese marco, la discusión sobre las compensaciones a los gobernadores aparece como una de las claves para definir el futuro inmediato de la Reforma Laboral y el rumbo de la relación entre la Nación y las provincias.
