El acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no solo impone metas fiscales y de reservas más exigentes, sino también una hoja de ruta hacia reformas estructurales, entre las que destacan las privatizaciones de empresas estatales. De acuerdo con el Memorándum de Entendimiento firmado, Argentina se comprometió a publicar, antes de mediados de noviembre de 2025, un informe detallado sobre las empresas incluidas en la Ley Bases y un plan de acción concreto para su privatización o concesión.
Este compromiso, que inicialmente debía cumplirse en septiembre del mismo año, fue extendido hasta después de las elecciones legislativas, permitiendo así mayor margen político para su implementación.
Empresas estatales en proceso de privatización: Energía Argentina, Intercargo y más
Entre las compañías sujetas a privatización total según la Ley Bases se encuentran Energía Argentina e Intercargo. Asimismo, el Gobierno contempla la cesión de acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético gestionado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aunque en estos casos el Estado deberá mantener la mayoría accionaria.
Además, la normativa establece como susceptibles de privatización o concesión a AYSA, Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales, ampliando así el alcance del proceso privatizador a sectores clave de infraestructura y servicios públicos.
El rol de la Agencia de Transformación y los avances ya concretados
La Agencia de Transformación de las Empresas Estatales, bajo la dirección de Diego Chaer, será la encargada de elaborar la hoja de ruta para llevar adelante este ambicioso plan. El Gobierno ya ha iniciado acciones concretas en esta dirección, como la venta de acciones de Intercargo, la privatización de Corredores Viales y Belgrano Cargas, y la transformación de YCRT en sociedad anónima. A esto se suma la inminente publicación de un decreto para privatizar Energía Argentina, según trascendidos oficiales.
Estas medidas forman parte de una estrategia de desregulación y reformas orientadas al mercado, tal como lo reconoció el propio FMI.
El objetivo fiscal y el retiro del Estado como empresario
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, explicó ante el Congreso que el enfoque del Gobierno se basa en la convicción de que "el Estado no es empresario". En esa línea, argumentó que la privatización de activos públicos busca alcanzar el déficit cero, evitando el uso de recursos federales en empresas privadas y promoviendo la eficiencia económica en un entorno de libre mercado.
En su informe de gestión, Francos también indicó que se están evaluando procedimientos para incorporar capital privado en Nucleoeléctrica, y que la Subsecretaría de Transporte Ferroviario trabaja en la preparación de licitaciones públicas nacionales e internacionales para concesionar servicios ferroviarios.
En cuanto al Correo Argentino, Francos recordó que su creación en 2004 ya contemplaba su futura privatización, un proceso que podría retomarse amparado en la normativa vigente.