El Gobierno confía en aprobar todo el temario de extraordinarias y apuesta a reformas de gran impacto
Con la reforma laboral, el acuerdo Mercosur-UE y cambios en la Ley de Glaciares, el oficialismo cree tener los votos para avanzar en febrero. La discusión por los recursos provinciales y la coparticipación atraviesa el debate.

Tras la convocatoria a sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional se muestra confiado en lograr la aprobación del temario completo que se debatirá durante febrero, al que define como "amigable". Así lo señalaron al menos tres fuentes libertarias consultadas por Infobae, pese a la resistencia expresada por sectores sindicales, algunos gobernadores y referentes empresariales. En ese escenario, las provincias —entre ellas Catamarca— aparecen como actores clave, especialmente en los proyectos vinculados a recursos naturales, coparticipación y empleo.

El optimismo oficial alcanza incluso a la sanción de la Reforma Laboral, una de las iniciativas más sensibles del paquete legislativo. "Es un temario amigable. No me imagino los motivos para oponerse al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Tampoco a la reforma laboral. Debiera salir todo. Incluso la designación de Iglesias", ironizó una fuente con acceso directo al despacho presidencial.

Durante la madrugada del lunes, mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo formalizó el tratamiento de la Ley de Modernización Laboral, el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.

Desde el oficialismo, un legislador de La Libertad Avanza anticipó que el objetivo es llegar con todas las iniciativas aprobadas antes del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de la Asamblea Legislativa, prevista para el 1° de marzo. "Confiamos en que lo que se tratará en extraordinarias responde a demandas sociales concretas. Hay un entendimiento de que estas medidas reducen costos y precios. Además, el tema glaciares implica, básicamente, una devolución de competencias a las provincias", sostuvo.

En Balcarce 50 relativizan los cuestionamientos a las modificaciones de la Ley de Glaciares y aseguran que se trata de un reclamo directo de los gobernadores, que buscan evitar la paralización del ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales. En ese punto, provincias con fuerte peso minero y productivo, como Catamarca, siguen de cerca el debate por su impacto en el desarrollo económico local.

Otro de los proyectos que el Gobierno considera de aprobación viable es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, al tratarse de un tratado trabajado por distintas gestiones y con respaldo transversal. En la Casa Rosada confían en imprimirle celeridad durante febrero.

El principal foco de tensión en el Congreso es la Reforma Laboral. Aun así, en el oficialismo creen contar con el respaldo de los aliados. "En Diputados tenemos 117 votos asegurados, nos faltan 12 y hay margen para conseguirlos", aseguró un operador libertario.

En paralelo, los gobernadores manifestaron reparos por los cambios en el Impuesto a las Ganancias, al considerar que afectarían la coparticipación federal. Pese a ese malestar, el Gobierno no contempla modificar el núcleo del proyecto, aunque admite la posibilidad de dialogar algunos puntos si las provincias acompañan otras iniciativas estratégicas.

"Los cambios recién entran en vigencia en 2027. Durante todo 2026, las provincias se beneficiarán con la modernización laboral. Es un planteo que no tiene sustento", argumentó un funcionario nacional. En la misma línea, desde el Ministerio del Interior reconocen un impacto estimado del 0,15% en las finanzas provinciales, pero lo contraponen con una eventual recuperación de recursos a partir de la formalización del empleo.

Con el objetivo de concentrar esfuerzos, la mesa política que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal para después de marzo. La estrategia apunta a cerrar filas en torno a la modernización laboral, una de las prioridades del presidente Milei.

Las sesiones extraordinarias se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero, y el Gobierno ya desplegó una intensa agenda de negociaciones para garantizar los respaldos necesarios. En esa tarea participan la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador político Eduardo "Lule" Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En la Casa Rosada aseguran que la coordinación política y la división de roles permitirán avanzar con el temario completo, en un mes clave para la agenda legislativa y para las provincias, que observan con atención el impacto de las reformas en sus economías regionales.

 

(Fuente: Infobae)