En pleno inicio del ciclo lectivo 2026, el sistema universitario nacional se encuentra sumergido en una de sus crisis más profundas de la historia reciente. La combinación de un presupuesto universitario en su nivel más bajo en casi veinte años y una pérdida drástica del poder adquisitivo ha configurado un escenario de alta tensión. Ante la falta de actualización de haberes y el retraso persistente en la transferencia de fondos, los sindicatos del sector han convocado a un paro nacional a partir del 16 de marzo, amenazando con extender las medidas de fuerza por tiempo indeterminado.
El conflicto por la Ley de Financiamiento y el frente judicial
La génesis de la disputa reside en la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue sancionada en 2025 tras una serie de vetos presidenciales revertidos por el Congreso Nacional. Esta ley obliga al Estado a recomponer los salarios de docentes y no docentes en función de la inflación registrada desde diciembre de 2023, además de exigir actualizaciones en gastos de funcionamiento y partidas específicas para hospitales, ciencia y técnica, mediante mecanismos de ajuste automático y paritarias periódicas.
Sin embargo, en diciembre de 2025, el Gobierno nacional promulgó la ley pero suspendió su ejecución, alegando la necesidad de definir nuevas fuentes de financiamiento. Esta parálisis derivó en una batalla judicial: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo y el juez federal Enrique Cormick falló a favor de los rectores, ordenando la aplicación inmediata de la norma. Lejos de acatar, el Ejecutivo apeló la medida en febrero de 2026 y presentó un contraproyecto que busca reemplazar la ley vigente bajo la promesa de que, en caso de aprobarse, se liberarán los fondos necesarios.
Radiografía de una caída presupuestaria histórica
Los datos técnicos reflejan una desinversión sostenida en el sistema que afecta la fibra misma de las instituciones. Según cálculos de Chequeado, el gasto en universidades cayó un 30,4% real entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, y para el año en curso la caída proyectada ya supera el 32%. En términos de ingresos personales, la situación es igualmente crítica, ya que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 los salarios docentes perdieron un 29% de su poder adquisitivo frente a la inflación. Esta realidad se traduce en que, a esta altura del año, las transferencias a la gran mayoría de las universidades se ubican apenas en el 16%, según datos del portal Presupuesto Abierto.
La CONADU y la Asociación Gremial Docente de la UBA denuncian que existe una recomposición pendiente del 51% y alertan sobre la situación de docentes que, ante una garantía salarial congelada hace un año, perciben haberes de apenas $250.000 por jornadas de diez horas semanales. Por su parte, Oscar Alpa, titular del CIN, advirtió en diálogo con medios que el 93% del presupuesto universitario se destina a salarios que se encuentran totalmente deprimidos, lo que ha provocado una preocupante fuga de talentos con numerosas renuncias de profesionales que ya no pueden sostener su actividad
El contraproyecto oficialista bajo la lupa
Para intentar desactivar el conflicto y ganar tiempo, el oficialismo, bajo la gestión de Alejandro Álvarez en la Subsecretaría de Políticas Universitarias y Carlos Torrendell en la Secretaría de Educación, impulsa una nueva iniciativa legislativa. No obstante, el informe del Centro de Investigación de Economía Nacional y Feduba es contundente al señalar que el proyecto oficialista reduce la obligación de adicionar $2,7 billones al presupuesto 2026 a tan solo $187.744 millones, lo que representa una diferencia de $2,5 billones que el sistema dejaría de percibir en comparación con la ley actual.
Esta nueva propuesta gubernamental plantea una recomposición limitada a tres aumentos del 4,1% a partir de marzo de 2026, reconociendo únicamente la pérdida salarial de 2025 y omitiendo por completo lo perdido entre 2023 y 2024. Además, el texto oficialista restringe la actualización de los gastos de funcionamiento solo a casos donde la inflación anual supere el 14,3%, y reemplaza la obligación de actualizar periódicamente las partidas de salud por un monto fijo de $80 mil millones, eliminando el ajuste por IPC que establecía la normativa vigente. En cuanto a las paritarias, aunque mantiene la convocatoria trimestral, suprime el requisito de ajuste mensual automático según el INDEC.
El factor político y las elecciones en la UBA
La Casa Rosada analiza este complejo escenario con un ojo puesto en la gestión y otro en la estrategia electoral. En poco más de un mes se desarrollarán las elecciones en la Universidad de Buenos Aires (UBA), un territorio donde La Libertad Avanza aspira a consolidarse a través de sus propias agrupaciones en facultades estratégicas como Derecho, Económicas e Ingeniería. El oficialismo es consciente de que un clima de parálisis educativa y conflicto permanente podría perjudicar seriamente su performance en dichas urnas.
Por esta razón, aunque en el Ejecutivo no parecía haber disposición para movilizar temas de agenda hasta comenzado abril, fuentes cercanas a las gestiones admiten que el proyecto para las universidades debería ser una excepción para tratarse en el corto plazo. Actualmente, se aguarda una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada para definir la hoja de ruta parlamentaria definitiva, mientras los rectores del CIN advierten que el desarrollo del cuatrimestre es crítico no solo para los salarios, sino también para las becas estudiantiles y el funcionamiento básico de las casas de estudio.