El presidente Javier Milei confirmó la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión fue anunciada a través de un comunicado de la Oficina de Presidencia difundido en redes sociales, generando un intenso debate en el ámbito político y judicial.

Los motivos detrás de la decisión presidencial

Según el comunicado oficial, la medida busca "normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país", argumentando que la Corte Suprema no puede ejercer su rol con normalidad con solo tres ministros en funciones. El decreto establece que los jueces ocuparán sus cargos hasta la finalización del próximo periodo legislativo, mientras el Gobierno continúa el trámite legislativo para obtener la aprobación del Senado.

La administración Milei ha justificado esta acción como una respuesta a la falta de consenso en el Congreso para la designación de los magistrados por la vía tradicional. Además, el comunicado enfatiza que el Gobierno "no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia".

Reacciones y críticas a la designación por decreto

La decisión de designar jueces de la Corte Suprema por decreto ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores. Desde la oposición y organismos judiciales han cuestionado la constitucionalidad de la medida, argumentando que el nombramiento de jueces para el máximo tribunal debe contar con la aprobación del Senado.

Expertos en derecho constitucional han señalado que esta decisión podría generar una crisis institucional, ya que el procedimiento tradicional exige un debate parlamentario y un consenso político para garantizar la legitimidad de los magistrados en la Corte.

El impacto en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo

Esta medida marca un nuevo punto de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, donde Milei no ha logrado reunir los votos necesarios para avanzar con sus propuestas. El intento de nombrar jueces sin el aval del Senado podría profundizar el conflicto con la oposición y otros sectores políticos.

En este contexto, se espera que los partidos opositores impulsen acciones para frenar la designación, ya sea a través de medidas judiciales o iniciativas parlamentarias que busquen declarar la inconstitucionalidad del decreto.