El Gobierno nacional oficializó este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que se extenderán desde el 10 hasta el 30 de diciembre, con el objetivo de avanzar en un paquete de proyectos considerados prioritarios para la agenda política y económica de la Casa Rosada. La decisión quedó formalizada mediante la publicación del Decreto 865/2025 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
De esta manera, se confirmó el anuncio que el propio Adorni había realizado el viernes pasado y se puso en marcha un período de apenas doce días hábiles en los que diputados y senadores deberán debatir seis iniciativas de alto impacto institucional, con la mirada puesta en la planificación del año legislativo 2026.
Entre los temas centrales que el Ejecutivo pretende llevar al recinto se destacan el Presupuesto 2026, la reforma laboral y una ambiciosa reforma del Código Penal. A ese núcleo se suman el denominado plan de Inocencia Fiscal, el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, y la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar.
Desde la Casa Rosada reconocen que el temario es exigente para el tiempo disponible, aunque confían en que el oficialismo y sus aliados parlamentarios podrán destrabar los debates más sensibles. En ese sentido, fuentes del Ejecutivo recordaron que el Presidente evalúa realizar una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias entre fines de enero y mediados de febrero, con el fin de continuar el tratamiento de iniciativas que eventualmente queden pendientes.
Uno de los ejes más relevantes será el Presupuesto 2026. El dictamen de mayoría que había sido aprobado a comienzos de noviembre en la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario con el cierre del período ordinario, por lo que el proyecto deberá atravesar nuevamente el proceso de discusión en comisión. No obstante, desde La Libertad Avanza aseguran que están en condiciones de repetir el respaldo logrado previamente, cuando el despacho reunió 21 firmas de los 49 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Otro punto clave de la agenda será la reforma laboral. Aunque hasta el momento el Gobierno no difundió detalles concretos del articulado, trascendió que la iniciativa apunta a dinamizar el mercado de trabajo, reducir los costos laborales y aliviar las cargas patronales, con el objetivo de estimular la creación de empleo formal. Se trata de uno de los proyectos más sensibles desde el punto de vista político y sindical, y promete generar un intenso debate parlamentario.
La reforma del Código Penal aparece, en tanto, como uno de los capítulos más contundentes del temario. Según adelantaron fuentes oficiales, el texto buscará agravar penas, restringir el acceso a excarcelaciones y establecer la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción y a los abusos contra menores. En el entorno presidencial definen este enfoque como la consolidación de la denominada "doctrina Bullrich", sintetizada en la consigna "el que las hace, las paga".
Completan la nómina de proyectos el plan de Inocencia Fiscal, orientado a facilitar la regularización de activos no declarados; el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, que apunta a reforzar reglas macroeconómicas de largo plazo; y una actualización del régimen de protección ambiental para glaciares y zonas periglaciares.
Con una agenda intensa y plazos ajustados, el Congreso inicia así un nuevo capítulo de negociaciones en un contexto político marcado por la estrategia del Gobierno de acelerar reformas estructurales antes del inicio pleno del calendario electoral de 2026.