Un reclamo que escala en el corazón de la Justicia
Los trabajadores judiciales de Catamarca han vuelto a ganar las calles en un contexto de creciente malestar gremial. El eje central del conflicto radica en la exigencia de una equiparación salarial del 10%, una cifra que, según los representantes del sector, resulta vital para intentar mitigar la sostenida pérdida del poder adquisitivo que vienen sufriendo los agentes estatales. A través de la Asociación Judicial de Catamarca (AJUCA), los empleados han manifestado que este pedido no es una reacción impulsiva, sino el resultado de una serie de gestiones administrativas que no han obtenido la respuesta esperada por parte de las autoridades competentes.
La falta de soluciones concretas ha empujado a los trabajadores a sostener un plan de lucha que ya empieza a visibilizarse con mayor fuerza en el espacio público. Esta situación se enmarca en una serie de medidas de fuerza que el gremio viene sosteniendo ante la ausencia de una propuesta superadora. La movilización no solo busca una mejora nominal, sino que intenta poner en agenda la necesidad de una recomposición que se ajuste a la realidad económica actual, donde los mecanismos de actualización vigentes parecen haber quedado obsoletos frente al ritmo inflacionario.
El desfase entre el INDEC y la realidad del bolsillo
La referente de AJUCA, Cecilia Falcón, ha sido la voz encargada de poner en números la crisis que atraviesa el sector. En diálogo con El Esquiú Play, Falcón desglosó la compleja problemática técnica que afecta sus haberes mensuales. Explicó que, actualmente, los incrementos que recibe el empleado judicial están estrictamente atados a los índices que marca el INDEC. Si bien este sistema pretende acompañar la evolución de los precios, en la práctica representa sumas que el gremio considera totalmente insuficientes. Según detalló la dirigente, estos ajustes significan en muchos casos apenas 30 o 40 mil pesos, cifras que no logran cubrir el bache generado por la inflación.
Ante este panorama, el gremio ha mantenido una conducta proactiva pero ignorada: todos los meses se han presentado notas formales dirigidas a las autoridades del Poder Judicial solicitando este incremento. La meta es clara: lograr una equiparación del 10% que funcione como un resguardo real sobre la base salarial actual. Falcón remarcó que el poder adquisitivo se viene perdiendo muchísimo y que la insistencia en el pedido de audiencia responde a una urgencia que ya no puede postergarse más mediante trámites burocráticos.
Medidas de fuerza: Entre la visibilidad y el respeto al ciudadano
Como parte del endurecimiento de su postura, los trabajadores llevaron adelante un corte de tránsito en el horario de 10:00 a 12:00 del mediodía. Esta medida de fuerza tuvo como objetivo principal visibilizar el reclamo ante la opinión pública y presionar por una respuesta de los funcionarios de la Corte. Sin embargo, la estrategia de AJUCA busca un equilibrio delicado; la consigna principal es hacerse escuchar y luchar por lo que consideran justo, pero bajo la firme decisión de no perjudicar a la ciudadanía ni afectar de manera irreversible la prestación del servicio de justicia.
En este sentido, la atención del gremio sigue puesta en los canales institucionales. Ya se ha solicitado formalmente una audiencia con las máximas autoridades judiciales y existe una expectativa moderada de obtener una respuesta positiva en las próximas horas. La referente gremial destacó que, históricamente, las autoridades han demostrado buena voluntad, y confían en que esta ocasión no será la excepción, permitiendo abrir una mesa de diálogo que destrabe el conflicto antes de que las medidas afecten el normal funcionamiento de las dependencias.
Desmintiendo versiones y denunciando recortes históricos
Un punto crítico del debate social en torno al Poder Judicial suele ser su presupuesto. Al respecto, Cecilia Falcón fue tajante al rechazar versiones que sugieren privilegios o una falta de recortes en el sector. Por el contrario, la dirigente aseguró que el Poder Judicial ha sido históricamente uno de los más afectados por los ajustes financieros provinciales. Sostuvo que todos los años se le recorta el presupuesto a esta área y que, en diversas ocasiones, los trabajadores y funcionarios deben esperar hasta último momento la llegada de la partida correspondiente para poder garantizar el pago de los sueldos.
Esta precariedad administrativa, según la visión de AJUCA, coloca a los trabajadores en una situación de incertidumbre constante ante cada cierre de ejercicio fiscal. La falta de previsibilidad en las partidas presupuestarias agrava el malestar de los empleados, quienes sienten que el ajuste siempre recae sobre el eslabón más débil de la cadena institucional. La defensa de la autarquía y de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema es, para el gremio, una parte inseparable de la lucha por salarios dignos.
El escenario futuro: ¿Hacia una profundización del conflicto?
El clima en los pasillos de los tribunales es de tensa espera. El compromiso de las bases parece estar consolidado ante la falta de una firma que concrete la equiparación solicitada. La advertencia final emitida por el gremio es clara y directa: de no mediar una respuesta favorable o un llamado al diálogo efectivo en el corto plazo, los trabajadores se reunirán en asamblea para determinar con los compañeros cómo continuar con el plan de lucha.
La posibilidad de intensificar las medidas de fuerza está plenamente vigente. Cecilia Falcón concluyó afirmando que van a seguir luchando y que, si no son recibidos por la Corte, las medidas van a seguir y se profundizarán. El conflicto queda ahora supeditado a la decisión política del Poder Judicial de Catamarca de atender o no un reclamo que, mes a mes, se vuelve más acuciante para cientos de familias que dependen de estos haberes.