El Gobierno nacional salió a defender este jueves el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal enviado al Congreso y aseguró que la iniciativa busca facilitar la incorporación de los llamados "dólares del colchón" al sistema financiero sin revisar el origen de esos fondos.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que el espíritu de la propuesta es generar confianza para que los ahorristas vuelquen sus recursos al circuito formal y remarcó que el Estado no impulsará investigaciones retroactivas sobre quienes se sumen al régimen.
"Tenemos los argentinos un dinero atesorado afuera del sistema, abajo del colchón, por distintas razones. Qué bueno sería que todo este sistema sea canalizado a los bancos. El espíritu es hacer un pacto con la sociedad de decir que esta gente que tiene dinero afuera no son delincuentes", sostuvo el funcionario durante una entrevista en el programa de streaming Carajo.
En ese sentido, agregó: "Te damos la oportunidad de traer el dinero al sistema formal, pero no vamos a estar investigando para atrás".
Ravier también defendió la política económica del presidente Javier Milei y afirmó que la Argentina necesita mantener una disciplina fiscal y monetaria estricta para consolidar la recuperación económica. Además, consideró que las medidas impulsadas por el Ejecutivo permitirán reducir la inflación, bajar las tasas de interés y favorecer el consumo.
Qué propone el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal
Las declaraciones del vocero se produjeron pocas horas después de que el Gobierno enviara a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la Ley de Inocencia Fiscal.
La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, la ministra Sandra Pettovello y el ministro de Economía Luis Caputo, busca ampliar el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y modificar el sistema de prescripción tributaria.
Entre los principales cambios, elimina los límites de ingresos y patrimonio que impedían acceder al régimen simplificado, permitiendo que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan adherirse.
Además, redefine el concepto de "discrepancia significativa" que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a cuestionar una declaración jurada. El nuevo texto establece parámetros objetivos para determinar cuándo corresponde una impugnación e incorpora un piso mínimo de $5 millones para evitar ajustes considerados desproporcionados.
El proyecto también permite que los contribuyentes rectifiquen sus declaraciones y regularicen diferencias dentro de los 15 días posteriores a una notificación sin perder los beneficios del régimen.
Según el Gobierno, el objetivo es ofrecer mayor seguridad jurídica a los ahorristas, promover la formalización de capitales y fomentar que los recursos actualmente fuera del sistema financiero sean canalizados hacia la inversión y el crédito.
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