El Gobierno abrió una nueva discusión interna sobre la reforma del Código Penal, lo que postergará su envío al Congreso. El eje del debate pasa por definir si avanzará con un paquete parcial de modificaciones o con una propuesta integral del texto que quedó en revisión tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.
La definición se ordenará en las próximas reuniones de la mesa política. El sector integrado por Mahiques, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y Eduardo Menem impulsa enviar una parte de la reforma y avanzar por etapas, priorizando los puntos que consideran más viables en términos políticos y parlamentarios.
En esa alternativa acotada se incluirían cambios que la Casa Rosada ya comenzó a trabajar sobre el código vigente: tipificación de delitos como estafas piramidales, crímenes de "viudas negras", salideras, entraderas y robos cometidos por motochorros, además del endurecimiento de penas para grooming, abuso sexual infantil, picadas callejeras, tenencia de armas en cárceles y maltrato animal.
El paquete también contempla modificaciones vinculadas a delitos migratorios, con figuras para sancionar el ingreso ilegal, el fraude migratorio y la reincidencia de extranjeros deportados.
En Balcarce 50 explican que la discusión no se limita a la cantidad de artículos, sino también al tipo de temas y al orden en que serán enviados al Congreso. En el oficialismo admiten que el esquema por partes busca concentrarse primero en delitos con mayor consenso social y menor resistencia legislativa, con una agenda enfocada en seguridad urbana, protección de víctimas y nuevas modalidades delictivas.
En paralelo, sectores alineados con Santiago Caputo promueven una iniciativa más ambiciosa que reúna un mayor número de modificaciones. Sostienen que fragmentar la reforma podría diluir su impacto político y prolongar la discusión de puntos considerados centrales.
En ese bloque más amplio aparecen temas sensibles como el tratamiento penal de la corrupción, cambios en lavado de dinero y otros capítulos incluidos en borradores previos. En los últimos días surgieron tensiones internas por la supuesta falta de aumento de penas para delitos de corrupción y por versiones sobre una posible reducción relativa de su peso en el nuevo esquema.
La discusión también alcanzó las reformas en lavado de dinero, donde algunos borradores elevan el umbral de punibilidad. En el Gobierno aseguran que no hay definiciones cerradas y reconocen que estos puntos están entre los más sensibles de la negociación política y técnica.
Otros debates de alto voltaje político —como aborto, femicidio, imprescriptibilidad de delitos de corrupción, delitos de lesa humanidad y aspectos penales vinculados al ambiente— quedaron, por ahora, relegados en la agenda.
La pulseada continúa en la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal, área encargada de revisar la redacción final y elevar el texto a la firma del presidente Javier Milei. Mientras tanto, el oficialismo mantiene en suspenso el envío del proyecto y continúa debatiendo no solo cuándo presentarlo, sino qué parte del Código Penal está dispuesto a impulsar en esta etapa.