La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa horas decisivas. Según anticiparon fuentes judiciales, el juez federal Ariel Lijo analiza citarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista entre el 20 y el 31 de julio próximos, en el marco de una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y posibles irregularidades vinculadas a su relación con el productor televisivo Marcelo Grandio.

La medida se encuentra actualmente bajo estudio del magistrado y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes llevan adelante distintas líneas de investigación relacionadas con los gastos del funcionario, sus vínculos comerciales y personales, además de movimientos patrimoniales observados durante los últimos dos años.

En el ámbito judicial explican que la declaración indagatoria constituye un acto de defensa del imputado y suele dictarse cuando el juez considera que existen elementos de prueba suficientes para sospechar que una persona pudo haber participado en un delito. No implica culpabilidad, aunque dentro de Comodoro Py interpretan que, si Lijo avanza con esa decisión, el escenario podría derivar posteriormente en un procesamiento.

La relación con Marcelo Grandio 

Uno de los principales ejes de la investigación apunta al vínculo entre Adorni y el productor Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse. Según surge de la causa, la empresa mantiene seis contratos de coproducción con la TV Pública y habría realizado transferencias de dinero a Manuel Adorni antes de que asumiera funciones dentro del Gobierno nacional.

Además, la Justicia investiga el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval. El funcionario aseguró públicamente que abonó el vuelo con dinero propio, pero la sospecha judicial apunta a que el traslado habría sido financiado por Grandio.

La situación se complejiza debido a que el productor mantiene una relación de amistad con el jefe de Gabinete. Incluso, Grandio llegó a definirlo públicamente como "casi un hermano menor".

La investigación judicial intenta determinar si estos vínculos podrían encuadrarse en delitos como:

• Negociaciones incompatibles con la función pública.
• Recepción de dádivas.
• Presunto enriquecimiento ilícito.

Los cruces telefónicos y el análisis de los contratos

Entre las últimas medidas de prueba ordenadas por Ariel Lijo aparece el análisis de cruces de llamadas entre los teléfonos de Marcelo Grandio, Manuel Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse.

La tarea fue encomendada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), organismo encargado de relevar los contactos, fechas y geolocalizaciones vinculadas a las comunicaciones.

Los investigadores buscan establecer si existieron intercambios coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública. En tribunales recuerdan que este tipo de pruebas ya tuvieron relevancia en otras causas resonantes. Un empleado judicial mencionó que "en Ciccone, los cruces de llamadas fueron clave para la condena de Amado Boudou".

Los convenios investigados incluyen distintos ciclos televisivos, programas de streaming y producciones radiales bajo esquemas de financiamiento compartido y reparto de ingresos publicitarios.

Entre ellos aparecen:

• "La caja de Pandora", firmado en abril de 2024.
• "Giros en Línea Recta".
• "Enredados".
• "La Sala".
• El ciclo de streaming "Gritalo Mundial", conducido por Grandio y Renzo Pantich.

La productora Imhouse asume costos de producción, personal, equipamiento y derechos de autor, mientras que participa de los ingresos publicitarios hasta recuperar la inversión y luego comparte utilidades con el Estado.

El antecedente de "Dos en Pausa"

La relación entre Adorni y la productora Imhouse no comenzó con su llegada al Gobierno. Antes de desembarcar en la TV Pública, Grandio y su empresa ya trabajaban junto al actual jefe de Gabinete en el programa "Dos en Pausa", emitido en 2022 por Canal Metro y Canal 7 de Punta del Este.

En las redes sociales del ciclo se presentaba el proyecto de la siguiente manera: "En un momento delicado del país, Manuel Adorni recibe en el living a diferentes políticos y personalidades destacadas".

En ese programa, Adorni llegó a entrevistar a Javier Milei cuando todavía era diputado nacional, acompañado por Victoria Villarruel.

El vuelo privado a Punta del Este

La investigación judicial también puso bajo la lupa el vuelo privado utilizado por Adorni y su familia para regresar desde Punta del Este al aeropuerto de San Fernando.

El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró como testigo y afirmó que el vuelo fue reservado y pagado por Marcelo Grandio. Según explicó, uno de los tramos fue facturado directamente a la productora Imhouse por la empresa Alpha Centauri, mientras que el regreso fue vendido posteriormente a Grandio por 3.000 dólares.

Entre los documentos incorporados a la causa figuran:

• Una factura por un paquete de 10 vuelos valuado en 42.250 dólares.
• Otra factura por 3.000 dólares emitida a nombre de Grandio.
• Registros que indican que el vuelo de ida costó 4.830 dólares.

Pese a esas constancias, Adorni sostuvo públicamente: "Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué".

Sin embargo, la Justicia señala que ninguna de las facturas figura a su nombre.

Las propiedades y las reformas investigadas

En paralelo, Lijo y Pollicita avanzan sobre otro tramo de la causa vinculado al supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario. La atención judicial se concentra especialmente en la compra de una vivienda de fin de semana en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Según la investigación:

• La propiedad fue escriturada por unos 120.000 dólares.
• Habría abonado además 5.000 dólares de ingreso al country.
• Las refacciones integrales alcanzarían aproximadamente 245.000 dólares.

La causa sostiene que muchas de esas remodelaciones habrían sido realizadas "en negro", sin facturación formal.

Entre las mejoras mencionadas aparecen además 51 muebles hechos a medida, bienes que no figurarían en la declaración jurada del funcionario. De acuerdo con las estimaciones incorporadas en el expediente, entre compra y remodelación el gasto total rondaría los 370.000 dólares, cifra que los investigadores consideran muy superior al valor habitual de la propiedad.

La custodia de Gendarmería

Otro episodio que quedó bajo observación judicial fue la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional en el ingreso del country Indio Cuá. El tema tomó estado público luego de un informe televisivo que mostró imágenes de los agentes apostados en el lugar tras una movilización realizada el 31 de marzo en las inmediaciones del barrio privado.

Según trascendió, vecinos del country cuestionaron en chats internos el posible uso de recursos federales para custodiar la vivienda particular del funcionario.

En caso de confirmarse que los efectivos estaban destinados a proteger la residencia privada de Adorni, la Justicia evalúa la posible configuración del delito de peculado, que contempla penas de hasta diez años de prisión para funcionarios que utilicen recursos públicos en beneficio personal.

Mientras continúan acumulándose medidas de prueba, el expediente avanza hacia una instancia clave. La eventual citación a indagatoria marcaría un nuevo capítulo en una investigación que mantiene bajo fuerte presión judicial al jefe de Gabinete nacional.