El Gobierno nacional, a través de la Casa Militar, formalizó una denuncia penal contra dos periodistas de la señal televisiva Todo Noticias (TN), tras la difusión de una filmación realizada dentro de la Casa Rosada. La presentación judicial apunta a posibles delitos vinculados con la revelación de secretos políticos y militares, en un caso que abrió un nuevo frente de tensión entre el oficialismo y el ámbito periodístico.
La Casa Militar, organismo mixto encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivos, fue la responsable de impulsar la denuncia. Según se indicó, la decisión fue adoptada directamente por las autoridades del área, encabezadas por el general de Brigada Sebastián Ibáñez, pese a que el organismo depende de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.
El expediente quedó radicado por sorteo en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py, bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien deberá analizar los elementos presentados en la denuncia, que consta de nueve páginas.
Los periodistas denunciados
La acusación alcanza a Luciana Geuna e Ignacio Salerno, ambos vinculados a TN. El caso se originó tras la emisión del programa "Y mañana qué", conducido por Geuna, donde se mostraron imágenes de distintas áreas de uso común dentro del palacio de gobierno.
A partir de ese material, las autoridades consideraron que podrían haberse vulnerado normas de seguridad y confidencialidad. En paralelo a la denuncia judicial, Salerno, quien se desempeñaba como periodista acreditado en la Casa Rosada, fue suspendido de su acreditación, al menos de manera provisoria.
Desde el oficialismo se argumentó que la medida responde al incumplimiento de las normas que regulan el acceso y la actividad de los cronistas dentro de la sede gubernamental.
Argumentos de la Casa Militar
En el texto presentado ante la Justicia, la Casa Militar sostiene que la denuncia busca poner en conocimiento "el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno". Asimismo, se señala que los periodistas habrían actuado "bajo meros pretextos de interés público", y que incluso se habrían ufanado de haber burlado los sistemas de seguridad.
Según el documento, la difusión del material:
- Expuso a funcionarios a riesgos injustificados
- Podría haber generado condiciones para revelar secretos de Estado
- Permitió visualizar aspectos del funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional
Además, se sostiene que la filmación exhibió elementos sensibles como:
- Sistemas de vigilancia
- Equipos de comunicación
- Dispositivos de control de acceso
Estos componentes, según la denuncia, deben mantenerse bajo estricta reserva por su vinculación con la seguridad institucional.
Posibles delitos y marco legal
La presentación judicial encuadra los hechos en posibles delitos previstos en:
- Artículos 222 y 223 del Código Penal, vinculados a la revelación de secretos políticos o militares relacionados con la seguridad, la defensa o las relaciones exteriores
- Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, que regula aspectos vinculados a la seguridad y el manejo de información sensible
Desde la Casa Militar se afirmó que las conductas denunciadas "representan una amenaza para la seguridad de la Nación", lo que justifica la intervención judicial para determinar responsabilidades.
Normativas internas y sanciones
El Gobierno también fundamentó la denuncia en el incumplimiento de normas internas que regulan la actividad de los periodistas acreditados. En particular, se citó la Resolución 1319 de la Secretaría de Comunicación y Medios, así como los lineamientos que establecen las condiciones de acceso al edificio.
Entre las disposiciones señaladas, se destaca el apartado que prohíbe expresamente transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías e ingresar a espacios no autorizados.
El incumplimiento de estas reglas es considerado una falta grave, que puede derivar en la revocación o no renovación de la acreditación. Asimismo, se establece que la acumulación de dos o más faltas graves constituye causal suficiente para la exclusión del periodista.
El contenido de la filmación y su impacto
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el contenido del material difundido. Según el documento, los propios periodistas habrían reconocido que las imágenes fueron obtenidas de manera furtiva, es decir, sin conocimiento de los funcionarios ni autorización de los responsables de seguridad.
La presentación también detalla que, durante el programa, se produjo un intercambio entre Geuna y Salerno que fue considerado relevante por las autoridades, en el que se aludía a la interna política dentro del Gobierno, particularmente a las tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo. Además, se advierte que algunas imágenes, aunque puedan parecer inocuas, permiten identificar ubicación de despachos, salas de reunión y áreas de tránsito del Presidente. Según la denuncia, esta información podría facilitar la elaboración de inteligencia sobre los movimientos habituales del mandatario.
Repercusión y posicionamiento del Presidente
El caso también tuvo una fuerte repercusión a nivel político, luego de que el presidente Javier Milei, quien se encontraba de viaje en Israel al momento de la difusión del material, se expresara públicamente a través de redes sociales.
En su cuenta de X, el mandatario calificó a los periodistas en términos duros y manifestó su expectativa de que la investigación avance hacia los "máximos responsables", en una intervención que amplificó el conflicto y sumó tensión al escenario.