En medio del escándalo por el rechazo a la ley de Ficha Limpia en el Senado, el Gobierno nacional tomó distancia de la propuesta para ampliar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Así lo expresó este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
"El proyecto de la Corte Suprema no está impulsado por nosotros, es un tema que no está en nuestra agenda", afirmó el funcionario al ser consultado sobre la iniciativa presentada recientemente en el Congreso.
La declaración llega luego de que el senador salteño Juan Carlos Romero, del bloque Cambio Federal, presentara un proyecto de ley que propone modificar la composición del máximo tribunal, elevando el número de jueces de cinco a siete. La iniciativa, según su autor, busca mejorar el funcionamiento de la Corte, fortalecer su legitimidad y dotarla de una representación más federal y equitativa.
"El objetivo es promover una Corte Suprema más amplia, garantizando idoneidad y representación igualitaria", argumentó Romero en los fundamentos del proyecto, que también incluye una cláusula de paridad de género: se establece un límite de cinco magistrados del mismo sexo para evitar desequilibrios en la composición.
Aunque el oficialismo hoy se desliga del tema, cabe recordar que la idea de ampliar la Corte ya había sido mencionada por el propio presidente Javier Milei, quien intentó incorporar por decreto a los juristas Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Este último renunció a su postulación tras el rechazo del Senado.
También el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había manifestado en agosto del año pasado su respaldo a la iniciativa: "A mí me gustaría una Corte ampliada. Armónica y justa. Me encantan los jueces que están, pero creo que hay más jueces de primera para integrar un muy buen máximo tribunal ampliado", expresó en su momento.
El proyecto de Romero propone la modificación del artículo 21 del Decreto Ley N°1285/58 y establece como requisito que los nuevos magistrados provengan de distintas regiones del país, con el fin de garantizar un criterio federal en la integración del máximo órgano judicial.
