El Gobierno nacional informó la suspensión de más de 110 mil Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, tras detectar que fueron otorgadas de forma irregular durante gestiones anteriores. La decisión se da en el marco de una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y fue anunciada este viernes por el vocero presidencial Manuel Adorni.
Desde Casa Rosada, Adorni detalló que ya fueron suspendidas 110.522 pensiones, a las que se suman 8.107 correspondientes a personas fallecidas y 10.038 casos de beneficiarios que renunciaron voluntariamente. Estas bajas significan un ahorro mensual estimado de 35 mil millones de pesos para el Estado.
Entre los casos detectados, el vocero mencionó situaciones de fraude sistemático, como el uso de los mismos estudios médicos —radiografías, ecocardiogramas y mediciones de presión— en diferentes solicitudes. "En Tucumán se detectaron expedientes que repetían el mismo estudio clínico", señaló. En Chaco, dijo, se utilizó una misma radiografía de hombro en al menos 150 pensiones durante el gobierno anterior.
La ANDIS, encabezada por el abogado Diego Spagnuolo, ya había advertido sobre una "actividad fraudulenta a gran escala", con un posible desvío de hasta 1.000 millones de dólares anuales. Adorni también comparó las cifras de beneficiarios a nivel internacional: "En Israel, un país en guerra, la población activa con pensión por discapacidad es del 3,5 %. En Argentina, es del 4,6 %".
Según cifras oficiales, entre 2003 y 2015, el número de pensiones no contributivas por invalidez laboral creció de 79.000 a 1.045.000. Durante la presidencia de Mauricio Macri, bajó levemente a 1.026.000, pero volvió a aumentar en el mandato de Alberto Fernández, alcanzando 1.222.000 en diciembre de 2023.
Las principales razones de las suspensiones incluyen el incumplimiento de requisitos básicos y la inasistencia a auditorías médicas. En caso de no regularizarse, estas pensiones quedarán definitivamente dadas de baja. Las auditorías son realizadas por médicos del PAMI y personal especializado de la ANDIS, y no incluyen a menores de edad ni a personas ya auditadas en 2024.
Adorni también criticó con dureza al Congreso, tras el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. "Esta semana, el Congreso defendió un sistema corrupto que desvió fondos en favor de amigos de la política. Muchos de los que hoy legislan, diseñaron ese sistema", afirmó.
El Gobierno de La Libertad Avanza sostiene que la creación de una nueva pensión no contributiva por discapacidad representará un gasto adicional de más de $2 billones para 2025 (0,26 % del PBI) y superará los $4,5 billones en 2026 (0,47 % del PBI), sin contar el impacto sobre el programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a los titulares de estas pensiones.
En diálogo con Infobae, desde la ANDIS señalaron que el proceso de auditoría busca redirigir los recursos a quienes realmente los necesitan y aseguraron que continuará con el objetivo de mejorar la transparencia y la equidad en el sistema de protección social.
