El Gobierno de Javier Milei ha eliminado el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), junto con el Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo y el Fondo de Financiamiento. Esta medida, establecida mediante el Decreto 55/2025, fue firmada por el presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia). La justificación oficial apunta a la necesidad de reducir el gasto público y desburocratizar el Estado.
¿Qué era el COPREC y por qué era importante?
El COPREC fue creado por la Ley 26.993 con el objetivo de brindar un espacio de conciliación entre consumidores y proveedores en casos de conflictos relacionados con la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240. Su función era facilitar la resolución de disputas sin necesidad de llegar a instancias judiciales, ayudando a consumidores a obtener soluciones rápidas y efectivas en reclamos de hasta 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Junto con el COPREC, se había establecido un Registro Nacional de Conciliadores y un Fondo de Financiamiento destinado a solventar las notificaciones y honorarios de los conciliadores. Sin embargo, la actual administración consideró que su operatividad resultaba redundante y que generaba costos innecesarios para el Estado.
Argumentos del Gobierno para su eliminación
Según el decreto, la medida busca evitar la superposición de funciones entre distintos organismos públicos. El documento menciona que la conciliación en relaciones de consumo también es abordada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires y otras entidades provinciales, por lo que la existencia del COPREC implicaba una duplicación de esfuerzos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la eliminación del organismo argumentando que su operatividad fue ineficaz y costosa. En un mensaje en su cuenta de X, destacó que, en una década de funcionamiento, COPREC había conciliado solo 4.350 reclamos, con un costo total de 6.500 millones de pesos, lo que implicaba un gasto de aproximadamente 1.500.000 pesos por conciliación.
Consecuencias para los consumidores
La disolución del COPREC deja un vacío en la protección del consumidor, ya que eliminó una instancia gratuita de resolución de conflictos. Si bien el decreto sostiene que otras instancias seguirán garantizando la defensa de los derechos de los consumidores, expertos advierten que sin un sistema de conciliación a nivel nacional, los ciudadanos podrán enfrentar mayores dificultades para hacer valer sus derechos frente a proveedores.
Desde organizaciones de defensa del consumidor han expresado su preocupación, alertando que la medida podría provocar un aumento en la judicialización de los reclamos, generando costos y demoras adicionales para los damnificados. Además, se teme que las provincias no cuenten con la infraestructura suficiente para absorber la demanda de conciliaciones que antes manejaba el COPREC.
Un retroceso en la defensa del consumidor
La eliminación del COPREC representa un cambio significativo en la regulación de las relaciones de consumo en Argentina. Si bien el Gobierno argumenta que busca mayor eficiencia y ahorro, la desaparición de este servicio podría dejar a los consumidores en una posición de mayor desprotección. A medida que se implementen estos cambios, será fundamental evaluar sus efectos y considerar posibles alternativas para garantizar el acceso a mecanismos efectivos de defensa del consumidor en todo el país.