El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su proceso de desregulación administrativa al derogar 58 normas vinculadas al comercio y la industria, una decisión que eleva a 240 el total de regulaciones eliminadas desde el inicio de esta política orientada a la simplificación normativa.

La medida fue oficializada este martes mediante la publicación de la resolución 12 y la disposición 534 en el Boletín Oficial. Según se informó, el conjunto de normas derogadas incluye 17 resoluciones principales y más de 40 modificatorias, muchas de ellas relacionadas con programas que ya no se encuentran vigentes, organismos que fueron disueltos o esquemas regulatorios que exigían la presentación de información considerada innecesaria.

El listado alcanza resoluciones dictadas entre 2006 y 2025 por distintas áreas y secretarías del Estado. Desde el Ejecutivo justificaron la decisión al señalar que se trata de instrumentos normativos que fueron emitidos bajo marcos jurídicos que ya no tienen vigencia práctica.

"Resulta necesario formalizar la eliminación, habiendo sido dictados al amparo de los citados marcos jurídicos, han perdido su objeto y aplicabilidad", argumentó el Gobierno al fundamentar la medida.

Un proceso que ya suma 240 regulaciones eliminadas

Con esta nueva resolución, el Gobierno profundiza una estrategia que, según explicó, busca simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de transparencia al mercado. La eliminación de normas consideradas obsoletas forma parte de una revisión integral de regulaciones vinculadas a distintas áreas de la actividad económica.

Las disposiciones alcanzadas corresponden a programas de intervención estatal, mecanismos de financiamiento al consumo y sistemas de control que fueron modificados o discontinuados con el paso de los años.

De acuerdo con la información oficial, varias de las resoluciones derogadas estaban asociadas a programas que ya no se encuentran operativos, por lo que su permanencia dentro del esquema normativo era considerada innecesaria.

Las resoluciones vinculadas al control de precios

Entre las principales normas eliminadas figura la resolución 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior junto con sus 19 modificatorias.

Estas disposiciones regulaban el control de precios de determinados productos, en el marco de políticas orientadas a intervenir sobre los valores de bienes de consumo. Asimismo, fueron derogadas las resoluciones 426/2022 y 296/2022, relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).

Este mecanismo había sido diseñado como una herramienta de intervención directa destinada a controlar los precios del trigo. Con la decisión oficializada ahora, dichas normativas quedaron sin efecto.

El fin de normativas asociadas a Ahora 12 y Cuota Simple

Otro de los puntos centrales de la resolución está vinculado a los programas de financiamiento al consumo.

El Gobierno derogó 30 normativas correspondientes a Ahora 12 y Cuota Simple, instrumentos utilizados para facilitar compras mediante cuotas fijas con tarjeta de crédito.

Dentro de este conjunto se encuentran:

• Resolución 753/2021.
• Resolución 56/2022.
• Resolución 57/2022.
• Resolución 282/2021.
• Resolución 142/2022.
• Sus respectivas modificatorias.

La eliminación de estas disposiciones se inscribe dentro del proceso de revisión de programas que ya no se encuentran vigentes o que fueron reemplazados por otros esquemas.

Precios Cuidados y regulación de cuotas escolares

La resolución también alcanzó a la resolución 43/2022, una medida complementaria del programa Precios Cuidados, otro de los esquemas de intervención estatal que formó parte de la política de administración de precios en años anteriores.

Además, el Ejecutivo derogó cuatro normas que obligaban a los colegios privados a solicitar autorización estatal para modificar el valor de sus cuotas.

Esta decisión se vincula con la resolución 368/2025, que regulaba ese procedimiento administrativo para los establecimientos educativos privados.

Cambios en los mecanismos de defensa del consumidor

A través de la disposición 534, el Gobierno también dejó sin efecto una normativa relacionada con la defensa de los consumidores. La medida eliminó una disposición que permitía a adolescentes de entre 13 y 17 años iniciar reclamos ante organismos de defensa del consumidor.

Según explicó el Ejecutivo, la disposición 137/24 generaba una duplicación de los canales de atención disponibles para ese grupo etario, motivo por el cual se decidió su derogación.

Con este nuevo paquete de medidas, el Gobierno continúa avanzando en la revisión y eliminación de regulaciones que considera sin vigencia efectiva, dentro de una estrategia que ya acumula 240 normas derogadas y que, de acuerdo con la justificación oficial, apunta a reducir cargas administrativas, simplificar procedimientos y reorganizar el marco regulatorio aplicable al comercio y la industria.