El Gobierno Nacional redujo en un 73% los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a los gobernadores en 2024, generando tensiones en las negociaciones por el Presupuesto 2025. En lo que va del año, se transfirieron $48.300 millones a diez provincias, una cifra significativamente menor a los $179.530 millones enviados en 2023 por la administración de Alberto Fernández, según el informe presentado por el jefe de gabinete, Guillermo Francos.
El recorte representa una disminución de $131.230 millones, en un contexto de inflación interanual del 193% respecto a octubre del año pasado. Aunque el presupuesto aprobado para los ATN en 2024 fue de $224.091 millones, las transferencias se realizaron de manera discrecional y bajo la supervisión del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.
Entre los principales destinatarios, Hugo Passalacqua (Misiones) recibió $13.000 millones por emergencias hídricas y alimentarias, mientras que Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) recibieron $6800 millones por urgencias financieras y climáticas. También se enviaron $4500 millones a Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy). Por su parte, Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz), el único opositor en la lista, recibieron $3000 millones cada uno.
Sin embargo, las tensiones aumentan entre la Casa Rosada y los gobernadores debido a la falta de consenso sobre el Presupuesto 2025 y el destino de los fondos pendientes de ejecución para este año. Estas disputas han retrasado además el tratamiento del proyecto que limita los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
El último informe de gestión muestra una caída sostenida en las transferencias discrecionales de ATN desde 2020. Ese año, se enviaron $67.195 millones, mientras que en 2021 y 2022 se transfirieron $39.023 millones y $33.175 millones, respectivamente. Para 2025, el proyecto presupuestario prevé asignar $62.989 millones a este fondo, administrado por la Secretaría de Provincias y Municipios.
Los ATN están regulados por el artículo 5 de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales (23.548) , que establece su uso para situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. Sin embargo, la normativa también excluye a provincias que otorguen aumentos salariales superiores en un 10% a los establecidos por Nación, lo que añade un punto de fricción en las negociaciones.
