El presidente Javier Milei, junto al ministro de Defensa, Luis Petri, presentó un pedido formal al Senado para ascender a militares cuyos nombramientos fueron bloqueados debido a sus lazos familiares con represores involucrados en crímenes de lesa humanidad. La solicitud oficial busca promover a estos oficiales con carácter retroactivo, al considerar que cumplen con los requisitos legales establecidos.
El documento, enviado el pasado 23 de diciembre, especifica que los ascensos corresponderían al grado inmediato superior con fecha retroactiva al 31 de diciembre de 2018. Entre los involucrados se encuentran oficiales de la Armada y el Ejército, cuyas promociones habían sido detenidas por una resolución previa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La medida apunta a revertir una decisión adoptada en 2010, cuando la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó el retiro de numerosos oficiales de alto rango. Esta acción se fundamentó en la Resolución 1581, que excluía a militares con vínculos sanguíneos con represores o personas asociadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Durante la gestión de Mauricio Macri, ya se habían iniciado gestiones para anular la resolución de Garré, aunque sin resultados concretos. Ahora, el gobierno de Javier Milei busca finalmente destrabar estas promociones, argumentando que los militares en cuestión cumplen con las condiciones legales exigidas.
De ser aprobada la solicitud, los ascensos permitirán reconocer a los oficiales en sus nuevos cargos de manera retroactiva, eliminando las restricciones impuestas por sus lazos familiares. Esta decisión ha reabierto el debate sobre la relación entre las Fuerzas Armadas y los crímenes de la dictadura, así como el impacto de las políticas de derechos humanos en el ámbito militar.