A raíz del reciente fallo judicial contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el Gobierno ha iniciado una revisión de 13 jubilaciones de privilegio, aunque ha descartado la suspensión de la pensión de Carlos Menem, percibida por su viuda, Zulema Yoma. El Ejecutivo argumenta que este caso es "distinto" porque Menem ya falleció, y asegura que la medida solo busca retirar beneficios a condenados vivos. Zulema Yoma, en este contexto, continúa recibiendo $9 millones mensuales.
El Gobierno también examina otras asignaciones especiales, como la pensión de Betty Nelly Andrés, viuda de Roberto Levingston, quien recibe $7,2 millones, y la de Amalia Carmen Guido, hija del expresidente José María Guido, que asciende a $5,6 millones. En el caso de Cristina Kirchner, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) notificará la suspensión de su pensión y la de su fallecido esposo, Néstor Kirchner, por un total de $21 millones. Esta decisión se sustenta en los artículos 29 de la ley 24.018 y 36 de la Constitución, que prevén la revocación de jubilaciones a quienes incurran en "mal desempeño" o vulneren el "honor de la magistratura" mediante delitos graves.
La medida ya ha afectado a otros exfuncionarios, como Amado Boudou, cuya pensión de $6,8 millones fue recientemente suspendida. En el Gobierno, existen posturas encontradas sobre si la pensión de Menem también debería revisarse. Un funcionario aseguró que, de estar vivo, Menem podría ser considerado "indigno" por su condena, como lo fue Kirchner. Sin embargo, el círculo cercano de Javier Milei evita críticas a Menem y respalda sus políticas de los años 90, reflejando la intención de replicar parte de su enfoque privatizador en la actual administración.
Como símbolo de reconocimiento, Milei inauguró recientemente el busto de Menem en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada, acompañado por la hija de Menem, Zulema, y otros miembros del oficialismo, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Esta postura refuerza una política de diferenciación sobre a quiénes aplica la revocación de beneficios de privilegio.
