El Gobierno decidió frenar el aumento en las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a la espera de la definición judicial sobre la ley que destina más fondos al sector. La decisión llega tras el revés que sufrió el oficialismo en Diputados, donde no pudo sostener el veto presidencial, y mientras espera que el Senado lo convalide en el corto plazo.

En la Casa Rosada sostienen que el objetivo es evitar un "doble aumento", en caso de que la Justicia obligue a aplicar lo aprobado por ambas cámaras del Congreso.

Estrategia política y judicial

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había deslizado que el Gobierno "consideraba" un incremento de las prestaciones. Sin embargo, en Balcarce 50 reconocen que ese anuncio respondió al pedido de diputados aliados para justificar su voto al veto. "No sirvió y por ahora no se va a hacer", admiten en el oficialismo.

La estrategia jurídica está en manos de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de la Procuración del Tesoro. La primera definición es que la ley no será promulgada una vez que el Senado rechace el veto.

Entre las alternativas, el Gobierno analiza recurrir a la Corte Suprema para solicitar la nulidad de la sesión del Senado, argumentando que la autoconvocatoria fue ilegal. También evalúa presentaciones en el fuero Contencioso Administrativo, apelando al impacto fiscal de la medida y a la Ley de Administración Financiera, ya que —según cálculos oficiales— la norma solo cubre un 15% de los fondos necesarios.

Auditorías y recortes pendientes

El financiamiento de un eventual aumento fue ligado al recorte de pensiones por invalidez "mal otorgadas", aunque ese proceso aún está en marcha. El Ministerio de Salud inició a comienzos de año una auditoría sobre un total de un millón de pensiones, pero hasta ahora notificó solo a 280.000 beneficiarios.

En paralelo, la Casa Rosada enfrenta la crisis interna por la filtración de audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que denuncia un presunto pedido de coimas. La prioridad del Gobierno, reconocen en la mesa chica presidencial, es contener ese frente político antes de encarar nuevas medidas en materia de discapacidad.