El Gobierno nacional ratificó que no destinará nuevas partidas presupuestarias al área de discapacidad hasta completar el relevamiento y la suspensión de pensiones por invalidez laboral que, según estimaciones oficiales, habrían sido otorgadas de forma irregular.

La medida, que genera tensión con la oposición y con parte de los aliados parlamentarios, se produce en un contexto de reclamos por la falta de actualización de aranceles para prestadores —que denuncian un atraso cercano al 70%— y por la demora en la asignación de nuevas pensiones y Certificados Únicos de Discapacidad (CUD).

Fuentes de la Casa Rosada señalaron que el Ejecutivo busca primero generar un ahorro mediante la baja de beneficiarios, especialmente de Incluir Salud, y recién entonces reasignar esos recursos para mejorar el financiamiento del sistema. El plan comenzó en marzo de este año con una auditoría caso por caso sobre 1.013.400 pensiones no contributivas vigentes.

Hasta el momento, se suspendieron 110.522 beneficios, además de 8.107 bajas definitivas por fallecimiento y 10.038 renuncias voluntarias. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que se detectó "una actividad fraudulenta a gran escala" con un presunto desvío de fondos de 1.000 millones de dólares anuales.

Según la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), entre 250.000 y 300.000 pensiones estarían mal otorgadas. El proceso de revisión, realizado con profesionales de PAMI, incluye entrevistas médicas y la posterior evaluación por parte de auditores. Actualmente se notifican suspensiones a razón de 10.000 por semana y se convocará a quienes aún no se presentaron a una segunda revisión.

Mientras tanto, en el plano político, el oficialismo no parece dispuesto a utilizar esta medida como moneda de negociación para destrabar la ley de emergencia en discapacidad, vetada por Javier Milei y pendiente de tratamiento en Diputados. "No vamos a dar plata", sintetizó un colaborador cercano al Presidente, marcando la postura inamovible del Ejecutivo.