El Gobierno nacional avanzó con un proyecto de ley que propone una profunda modificación del régimen de corretaje inmobiliario en la Argentina, en el marco de la política de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei. La iniciativa es promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y forma parte de un extenso paquete de reformas orientado a reducir restricciones y modificar el funcionamiento de distintas actividades.
En el caso del mercado inmobiliario, el proyecto plantea un cambio estructural en las condiciones de acceso y en las reglas que regulan el ejercicio del corretaje. El objetivo central pasa por eliminar restricciones para el desarrollo de la actividad, promover la competencia y habilitar nuevas formas de participación en el sector.
La propuesta introduce modificaciones sobre los requisitos para ejercer como corredor inmobiliario, amplía las posibilidades de participación de personas jurídicas y reconoce expresamente el uso de herramientas digitales y entornos virtuales para la prestación de servicios vinculados con el mercado inmobiliario.
Un nuevo esquema para ejercer el corretaje
El proyecto establece que para ejercer el corretaje solo será necesario cumplir con dos requisitos centrales: ser mayor de edad y contar con título secundario expedido o revalidado en el país.
El esquema propuesto deja atrás los requisitos vinculados con las matrículas y con determinadas exigencias profesionales establecidas por normativas provinciales y colegiaturas.
La modificación representa uno de los puntos centrales de la iniciativa, ya que plantea una reducción de las condiciones formales exigidas para acceder a la actividad. De aprobarse el proyecto, el ejercicio del corretaje quedaría sujeto a los requisitos establecidos en la propuesta, sin las exigencias vinculadas con matrículas y regulaciones profesionales que actualmente forman parte del régimen vigente.
El nuevo esquema queda definido por los siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad.
- Contar con título secundario expedido o revalidado en el país.
- Dejar atrás los requisitos vinculados con matrículas.
- Eliminar las exigencias profesionales establecidas por normativas provinciales y colegiaturas.
Personas jurídicas y plataformas digitales
Otro de los ejes de la reforma es la posibilidad de que la actividad inmobiliaria sea desarrollada tanto por personas humanas como por personas jurídicas.
El proyecto incorpora expresamente esta alternativa y amplía el universo de actores que podrían participar en el corretaje. La propuesta también habilita la utilización de plataformas digitales y entornos virtuales para la prestación de servicios inmobiliarios.
La incorporación de estas herramientas constituye otro de los aspectos centrales de la iniciativa, que busca adaptar el desarrollo de la actividad a nuevas modalidades de intermediación y prestación de servicios.
En este contexto, el ministro Federico Sturzenegger recibió la visión de profesionales del sector, entre ellos Jorge Amoreo Casotti, CEO de Proptech Pint, una start up que se asentó en el mapa inmobiliario. La participación de profesionales del área formó parte del análisis de la propuesta y de la discusión sobre las transformaciones que atraviesa el mercado inmobiliario.
Nuevas facultades para los corredores
El texto también redefine las facultades de quienes ejerzan el corretaje inmobiliario. La iniciativa amplía el alcance de las tareas que podrán desarrollar los corredores y enumera una serie de atribuciones vinculadas con las operaciones.
Entre ellas, podrán realizar tasaciones, solicitar informes registrales y catastrales, otorgar garantías en operaciones y representar a una de las partes en la ejecución del negocio, entre otras funciones.
La redefinición de estas facultades busca establecer un marco más amplio para la intervención de los corredores en las operaciones inmobiliarias. El proyecto contempla así un conjunto de herramientas y atribuciones que exceden la intermediación tradicional y que permitirían una participación más amplia en las distintas etapas del negocio.
Entre las facultades previstas se encuentran:
- Realizar tasaciones.
- Solicitar informes registrales.
- Solicitar informes catastrales.
- Otorgar garantías en operaciones.
- Representar a una de las partes en la ejecución del negocio.
- Desarrollar otras atribuciones contempladas en el proyecto.
Libre competencia, igualdad de acceso y transparencia
La propuesta también establece principios que deberían regir cualquier regulación futura sobre el corretaje. En ese sentido, determina que las normas vinculadas con la actividad deberán ajustarse a criterios de libre competencia, igualdad de acceso y transparencia.
El proyecto considera incompatibles con esos principios determinadas exigencias que, según el texto de la iniciativa, podrían limitar el acceso o condicionar el funcionamiento del mercado.
Entre ellas, menciona las exigencias de residencia en una jurisdicción determinada, así como la fijación de aranceles mínimos, valores sugeridos o topes máximos para honorarios y comisiones.
De esta manera, la propuesta apunta a eliminar restricciones territoriales y mecanismos de regulación de los honorarios y comisiones, en línea con el objetivo de promover una mayor competencia dentro del sector inmobiliario.
Derogación de normas del régimen vigente
Otro de los puntos centrales del proyecto es la derogación de artículos de la Ley 20.266 y del Código Civil y Comercial vinculados con el régimen vigente de los corredores.
La modificación normativa se inscribe en la política de desregulación promovida por la administración de Javier Milei y busca reemplazar parte de las reglas actuales por un esquema basado en una mayor flexibilización del acceso y del ejercicio de la actividad.
La propuesta plantea así una revisión de normas que forman parte del marco regulatorio histórico del corretaje inmobiliario, con el objetivo de adecuar su funcionamiento a los principios de competencia, igualdad de acceso y transparencia definidos en el proyecto.