A pesar de las dificultades en la negociación, el Gobierno mantiene firme su postura respecto a los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia. En este contexto, los pliegos de jueces federales, que aún no fueron enviados al Senado, se han convertido en una herramienta clave para negociar con las provincias y evitar el rechazo de ambos magistrados.
Estrategia del Ejecutivo: jueces federales como moneda de cambio
En noviembre, el Gobierno anunció el envío de 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos para cubrir el 28,84% de las vacantes en el Poder Judicial. Sin embargo, estos pliegos nunca llegaron a la Cámara Alta. La administración libertaria mantiene estas designaciones en suspenso para utilizarlas como incentivo en la negociación con gobernadores y legisladores.
Desde el oficialismo sostienen que este mecanismo es fundamental para asegurar los votos necesarios en el Senado y lograr la ratificación de Lijo y García-Mansilla. Un alto funcionario de Gobierno afirmó:
"A un gobernador siempre le conviene tener un juez federal en su provincia con el que tenga buena relación".
La situación de Manuel García-Mansilla: incertidumbre legal
Manuel García-Mansilla fue designado en comisión por el presidente Javier Milei, una decisión que generó resistencia en el Senado, donde se busca rechazar su pliego con los votos necesarios para obtener dictamen. Legisladores opositores han cuestionado su postura previa, ya que el magistrado había asegurado que no asumiría si era nombrado por decreto, aunque finalmente lo hizo.
El oficialismo defiende su permanencia en el cargo, argumentando que su juramento ante la Corte Suprema refuerza su legitimidad. Si el Senado lograra los dos tercios necesarios para rechazar su nombramiento, se abriría un vacío legal que genera divisiones entre constitucionalistas. Mientras algunos sostienen que debería dejar su cargo de inmediato, el Ejecutivo argumenta que el decreto simple utilizado para su nombramiento coloca al Congreso en una posición con limitadas herramientas para revocarlo.
Cabe destacar que la sesión del 3 de abril solo debatirá los pliegos enviados por Milei, sin incluir la revisión del decreto que designó a García-Mansilla.
Ariel Lijo y el respaldo político clave
El caso de Ariel Lijo es diferente. Aunque fue nombrado bajo la misma modalidad que García-Mansilla, la Corte Suprema aún no le ha tomado juramento, y tampoco ha recibido la licencia necesaria para asumir en el máximo tribunal. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz han señalado que, para asumir el cargo, Lijo debe renunciar a su actual posición en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4.
Mientras tanto, Lijo sigue operando desde Comodoro Py, manteniendo conversaciones con el oficialismo y evaluando sus opciones ante la incertidumbre que rodea su pliego.
El rol del kirchnerismo y el bloque Convicción Federal
La designación de Lijo también ha generado movimientos en el kirchnerismo. Cuatro senadores de Unión por la Patria formaron el bloque Convicción Federal, integrado por legisladores cercanos a gobernadores dialoguistas:
Fernando Rejal (La Rioja)
Fernando Salino (San Luis)
Guillermo Andrada (Catamarca)
Carolina Moisés (Jujuy)
Desde el oficialismo consideran que estos senadores podrían inclinar la balanza a favor de los nombramientos de Lijo y García-Mansilla, ya que responderían a las necesidades de sus provincias. A pesar de las críticas públicas dentro de Unión por la Patria, en los pasillos políticos se especula que el kirchnerismo podría terminar apoyando a Lijo si esto no le genera un costo político significativo.
Un futuro incierto para la Corte Suprema
La estrategia del Gobierno de negociar jueces federales a cambio de votos en el Senado refleja la complejidad del proceso de designación en la Corte Suprema de Justicia. Mientras la administración libertaria se mantiene firme en su postura de sostener los pliegos de Lijo y García-Mansilla, la oposición y distintos sectores del Senado buscan bloquear sus nombramientos.
El desenlace de este conflicto tendrá un impacto clave en la estructura del máximo tribunal y en el equilibrio de poderes dentro del sistema judicial argentino.