El Gobierno nacional dio este lunes un nuevo paso en el proceso de privatización del sistema vial argentino al convocar a una licitación pública nacional e internacional para concesionar una amplia red de rutas nacionales. La medida forma parte del plan oficial que busca transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de los principales corredores del país.
La decisión quedó formalizada mediante la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe en el proceso de privatización total de Corredores Viales SA, la empresa estatal que actualmente administra gran parte de las rutas concesionadas.
La licitación corresponde a la Etapa III de la "Red Federal de Concesiones" e incluye ocho grandes tramos viales: Cuyo; Centro Norte; Noroeste; Chaco-Santa Fe; Litoral; Noreste; Centro y Mesopotámico.
En conjunto, estos corredores abarcan rutas estratégicas para la circulación de personas, el transporte vinculado a la producción agroindustrial y el desarrollo del comercio regional.
Entre las trazas incluidas figuran sectores de las rutas nacionales: 7; 9: 11:12; 16; 18; 19; 34, 66 y 105.
Además, el esquema comprende accesos y variantes clave, muchas de las cuales se encuentran actualmente bajo la órbita de Corredores Viales.
El nuevo esquema de concesión
El modelo previsto es el de concesión de obra pública por peaje. Bajo esta modalidad, las empresas adjudicatarias no solo deberán encargarse del cobro del peaje, sino también asumir una serie de responsabilidades integrales que incluyen:
Construcción
Reparación
Ampliación
Conservación
Mantenimiento
Prestación de servicios a los usuarios
Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema tiene como objetivo eliminar el déficit operativo, mejorar el estado de la infraestructura vial y retirar al Estado nacional de la gestión directa de las rutas. La lógica central es trasladar tanto el riesgo como la inversión al sector privado.
La iniciativa se apoya en la Ley de Bases y en el decreto que autorizó la privatización de Corredores Viales. La coordinación del proceso está a cargo del Ministerio de Economía, con asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, unidad creada específicamente para llevar adelante el programa de desestatizaciones.
Según los considerandos de la resolución, el nuevo esquema también apunta a habilitar explotaciones complementarias, tales como servicios logísticos o comerciales, con el fin de generar ingresos adicionales más allá del peaje.
Plazos definidos y apertura internacional
El cronograma de la licitación ya fue establecido. Las empresas interesadas podrán realizar consultas hasta el 4 de mayo, mientras que la presentación de ofertas cerrará el 18 de mayo al mediodía. La apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 13 horas, todo a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR.
La convocatoria será difundida durante siete días en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Economía. Además, contará con publicación internacional en el portal del Banco Mundial, una señal explícita de que el Gobierno busca atraer capital extranjero al proceso.
Para el análisis de las propuestas, la resolución creó una comisión evaluadora ad hoc, integrada por funcionarios técnicos del área de transporte e infraestructura.
Antecedentes y pasos previos
Antes del llamado formal, el proceso incluyó audiencias públicas realizadas entre fines de junio y comienzos de julio del año pasado. En esos encuentros participaron autoridades nacionales y provinciales, organizaciones y actores privados. Los informes de cierre fueron aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad.
Asimismo, se cumplió con la tasación previa exigida por ley para avanzar con la privatización, uno de los requisitos centrales del procedimiento administrativo.
La convocatoria se inscribe dentro de la estrategia impulsada por el ministro Luis Caputo, orientada a acelerar el programa de reformas estructurales, reducir el gasto público y avanzar en un rediseño profundo del rol del Estado en áreas consideradas estratégicas.
En ese marco, el 11 de febrero el Gobierno ya había anunciado el llamado a licitación correspondiente a la Etapa II-B, que abarca más de 2.500 kilómetros de rutas que atraviesan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Con esta nueva convocatoria, el Ejecutivo profundiza su programa de concesiones y consolida una política que busca redefinir la gestión de la infraestructura vial nacional bajo un esquema de participación privada ampliada.