El Gobierno mantendrá los controles de la Unidad de Información Financiera (UIF), pese al inminente blanqueo de hasta US$200.000 por persona sin obligación de justificar el origen de los fondos. Desde la Casa Rosada afirman que no habrá recortes en las atribuciones del organismo encargado de rastrear operaciones financieras sospechosas, con el objetivo de evitar sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La UIF, conducida por el exfiscal Paul Starc, es responsable de elaborar informes de inteligencia financiera a partir de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) —presentados por sujetos obligados— y denuncias particulares. Tiene como misión central prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. También puede imponer sanciones y remitir información al Poder Judicial.
Actualmente, la unidad cuenta con un presupuesto de $8162 millones, una planta de 243 empleados y está estructurada en diez direcciones operativas, entre ellas Análisis, Supervisión, Asuntos Jurídicos, Litigios y Coordinación Internacional. Además, posee agencias regionales en distintas zonas del país.
Desde el Ejecutivo aseguran que el anuncio oficial sobre el uso de dólares no declarados se realizará en el "cortísimo plazo". El borrador de la medida está siendo trabajado exclusivamente por el equipo económico y jurídico del ministro de Economía, Luis Caputo. Aún no fue remitido a la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal, ni a otras áreas de control.
La iniciativa será formalizada por decreto, sin pasar por el Congreso. Las modificaciones legales en análisis alcanzan a la Ley de Prevención del Lavado de Activos (25.246), el Régimen Penal Cambiario (19.359) y la Ley Penal Tributaria (24.769), que prevé penas de tres a nueve años por evasión fiscal superior a los $4 millones.
En el entorno del oficialismo se menciona la posibilidad de habilitar el uso libre de dólares no declarados hasta un tope de US$200.000. La propuesta incluiría una desregulación en las sanciones por ingresos no justificados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aunque no contemplaría el pago de impuestos con esos fondos.
En su última evaluación, el GAFI recomendó al Gobierno argentino fortalecer la comprensión de los riesgos vinculados al lavado de dinero proveniente de la corrupción y de servicios financieros informales. También advirtió sobre amenazas asociadas al narcotráfico, evasión fiscal, contrabando, fraude y trata de personas.
Además, instó a una mayor articulación entre los distintos organismos estatales, incluida la UIF, para reforzar la cooperación y cohesión en el abordaje del problema. Según datos del INDEC, los dólares fuera del circuito financiero formal ascienden a unos US$250.000 millones.