El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el gobierno de Javier Milei no retirará los pliegos de los jueces Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, designados por decreto para la Corte Suprema de Justicia. La decisión se da en la antesala de una sesión del Senado convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el 3 de abril, en la que se discutirá la situación de ambos magistrados.
Polémica por la designación en comisión de jueces
El proceso de nombramiento de García Mansilla y Lijo ha sido objeto de intensas críticas. Según la Constitución Nacional, los jueces de la Corte Suprema deben ser aprobados por el Senado con el voto favorable de dos tercios de los presentes. Sin embargo, el gobierno avanzó con su designación a través del decreto 137, una medida que ha sido calificada por la oposición como inconstitucional.
García Mansilla ya juró en su cargo como ministro del máximo tribunal, mientras que Lijo aún no ha asumido debido a que la Corte Suprema rechazó su pedido de licencia en la Cámara Federal. La incertidumbre en torno a su pliego se mantiene, y su aprobación en el Senado parece estar en riesgo debido a la falta de consenso entre los legisladores.
Rechazo de la oposición y cuestionamientos legales
El Frente de Todos y un sector del radicalismo, liderado por Martín Lousteau, han manifestado su intención de rechazar las nominaciones. Desde el peronismo aseguran contar con al menos 25 votos en contra, lo que podría bloquear el proceso de designación.
El conflicto también ha llegado a la Justicia. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, tiene en sus manos la causa que investiga la validez del decreto presidencial. La exdiputada Elisa Carrió presentó un planteo de Amicus Curiae, calificando la medida como "inconstitucional y nula de nulidad absoluta e insanable". Carrió argumentó que este tipo de designaciones violan la independencia judicial y la división de poderes.
A pesar de las impugnaciones, la Corte Suprema no ha objetado la designación de García Mansilla, quien asumió sin dificultades. Sin embargo, el caso de Lijo sigue siendo incierto, ya que se niega a renunciar a su cargo de juez federal, requisito indispensable para asumir en comisión.
El Gobierno cierra la puerta a la moratoria jubilatoria
En paralelo a la discusión judicial, el jefe de Gabinete también se refirió a otras iniciativas en debate. Sobre la posibilidad de extender una moratoria jubilatoria, Francos fue tajante: "El gobierno no va a aprobar ningún proyecto de esta característica que no tenga establecido cómo se financia. Estos programas han generado un caos en el sistema previsional y lo han desfinanciado completamente".
Además, en relación con las negociaciones salariales, el funcionario expresó que los acuerdos paritarios deben ajustarse a las condiciones macroeconómicas actuales y a una inflación en descenso. También ratificó la intención del Ejecutivo de fortalecer la alianza con el PRO, con el objetivo de ampliar la representación parlamentaria oficialista.
Incertidumbre y tensiones en el Senado
El escenario político sigue marcado por la incertidumbre en torno a los pliegos de los jueces designados por decreto y el posible rechazo del Senado. La controversia sobre la constitucionalidad del decreto 137 continúa escalando, mientras el gobierno enfrenta una creciente oposición tanto en el Congreso como en el ámbito judicial.
A su vez, la negativa del Ejecutivo a prorrogar la moratoria jubilatoria refuerza su postura de ajuste fiscal, generando nuevas fricciones con sectores políticos y sociales. Con el 3 de abril como fecha clave, el debate sobre la Corte Suprema y las políticas económicas de Milei promete seguir siendo un eje central de la agenda nacional.
